Interior pone en marcha la primera fase del plan para reducir escoltas

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha este jueves la primera fase de reducción de escoltas a nivel nacional, según ha adelantado la Cadena SER. En esta primera fase afectará a 400 escoltas que hasta ahora realizaban labores de seguridad estática, que pasarán a desempeñar labores de seguridad ciudadana.

El Ministerio de Interior ha anunciado la puesta en marcha del plan nacional de reducción de escoltas. Es la primera fase del plan y afecta a la seguridad estática, la que se encarga de vigilar la seguridad de los domicilios de las personas protegidas. En total, la reducción según el plan que se inicia este jueves afecta a 400 escoltas que a partir de ahora van a desempeñar labores de seguridad ciudadanas. Esta reducción afecta al 52% de la plantilla de un total de 774. Después la cantidad se ampliará a otros 100 escoltas más. El grueso de esta medida afecta principalmente a los escoltas que prestan este servicio en la Comunidad de Madrid.

La segunda fase del plan se ampliará a los escoltas que realizan vigilancias dinámicas, es decir labores de acompañamiento de personas protegidas. Esta reducción según Interior va a afectar a más de 500 agentes.

En el Pais Vasco Y Navarrra ya se eliminaron 425 escoltas privados contratados por el Ministerio de Interior. Con los 400 más de este jueves la disminución de agentes alcanza casi a un tercio de los 3.000 efectivos. En España había casi 3.000 escoltas (2.200 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 750 de seguridad privada, a cargo de los presupuestos de la Administración General del Estado). Ahora son 2.200, casi un tercio menos. Haciéndo números este dispositivo daba protección antes de su reordenación a más de 1.550 personas y su coste superaba los 160 millones de euros al año.

Interior cambia los criterios para otorgar escoltas a los cargos públicos

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Interior ha cambiado los criterios para otorgar escoltas a los cargos públicos. Lo hizo en una instrucción a la que tuvo acceso la SER en la que la Secretaría de Estado de Seguridad reconocía que ETA "no es una amenaza de primera magnitud". Según esta instrucción firmada el pasado 30 de marzo, la protección contra ETA ya no es una prioridad de Interior. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, envió esta instrucción el pasado 30 de marzo a los Directores de la Policía y de la Guardia Civil, a los Delegados del gobierno y al Director del Gabinete de Coordinación y estudios. Según esta circular, "la progresiva disminución de la capacidad operativa de ETA lleva aparejada la disminución de la amenaza que se cierne sobre muchas personas". Interior aboga por establecer un nuevo marco regulador que optimice el servicio de escoltas y crea la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección para que coordine esta asignación.

Además la Secretaría de Estado de Seguridad decía en esta circular que "es necesario establecer un nuevo marco regulador para la prestación de los servicios de protección que optimice la utilización de los recursos públicos y proporcione este servicio a quien realmente lo requiera". La Secretaria de Estado de Seguridad añade que además "hay que minimizar el catálogo de autoridades que deben contar con servicio de protección por razón exclusiva del cargo que ocupan". Según esta circular para Interior ya no es una prioridad la protección contra ETA."La progresiva disminución de la capacidad operativa de ETA lleva aparejada la disminución de la amenaza que se cierne sobre muchas personas" dice el Secretario de Estado de Seguridad. Además, continua Ignacio Ulloa "es preciso optimizar los recursos destinados a estos servicios y recuperar gran parte de los efectivos policiales dedicados a protecciones para otros cometidos".

El Ministerio de Interior ha abogado por la creación de una Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección. Esta comisión depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y entre sus funciones está la de "establecer criterios homogéneos de actuación y coordinarse con los departamentos de seguridad de las diferentes instituciones". Es decir, a esta Comisión creada ad hoc le toca elaborar "el catálogo de cargos públicos que deben de contar con servicio de protección, los criterios de temporalidad para retirar dicho servicio cuando no se necesite, y la evaluación individualizada del nivel de riesgo del ex-cargo público para determinar si necesita protección por circunstancias personales.

En este estudio individualizado han participado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que serán quienes decidan en primera instancia "el tipo y la modalidad de protección y los medios humanos y materiales a emplear". La Comisión tiene que elaborar además unas normas generales para el buen uso del servicio y podrá retirar la protección a aquellas personas que de forma reiterada no cumplan con las reglas básicas y pautas de conducta previamente establecidas. Esta comisión de Coordinación que se va a crear se va a reunir dos veces al año en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria cuantas veces se considere necesario. Su presidente va a ser el Director del Gabinete de Coordinación de la Secretaria de Estado y sus vocales: el Comisario de Seguridad Ciudadana de la Policía y el jefe del Estado Mayor de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil.

Malestar en la Audiencia Nacional por el recorte de escoltas

La reducción de escoltas entre jueces y fiscales estaba prevista para el pasado 4 de abril. La Secretaria de Estado de SEguridad lo tenía ya decidido pero a última hora decidió aplazarlo quince días más aunque al final ha sido más tiempo. Fuentes del Ministerio del Interior señalaron a la cadena SER que el programa no se puso en marcha por "falta de tiempo" para estudiar caso por caso aunque reconocen que la idea era ponerlo hoy en funcionamiento. Interior aseguró que se están valorando todos los riesgos con estudios elaborados por la Comisaría de Seguridad Ciudadana de la Policia Nacional y también por la policía que trabaja en la Audiencia Nacional.

El plan de reducción de escoltas para este organo jurisdiccional no afecta en principio ni al Presidente de la Audiencia Nacional ni al Presidente de la Sala de lo Penal, ni a 6 jueces instructores de la Audiencia. Según fuentes de la Audiencia Nacional con este programa Interior "da la sensación de que se quiere desarmar a la Audiencia antes que a la banda terrorista ETA". Fuentes del alto tribunal califican de "alucinante" la decisión del Ministerio de Interior y reclaman un estudio de seguridad y riesgo porque "no se sabe sobre qué base o datos recortan". En declaraciones a la Cadena SER el fiscal Daniel Campos aseguró que "la decisión es muy controvertida y discutible porque ni ETA no se ha disuelto y porque sigue habiendo riesgo con el terrorismo yihadista y con el crimen organizado".También los magistrados de la Audiencia Nacional rechazan esta medida. Según las fuentes consultadas por la SER algunos lo hacen abiertamente y otros magistrados aseguran que la decisión debería ser "más gradual para eliminar riesgos como el terrorismo de ETA o de las mafias rusas".

El Sindicato Unificado de la Policía, el SUP, acusó a Interior "de no atreverse a hacer justicia" retrasando la retirada de escoltas a jueces y fiscales. En declaraciones a la Cadena SER, Jose Manuel Sanchez Fornet, asegura que "los jueces y fiscales que quieren seguir con escolta lo hacen por comodidad y ahorro y no por temor a sufrir atentados. Sanchez Fornet subrayó que si alguna sorganización terrorista u organizada quisiese atentar contra un miembro de la judicatura tardaría solo 10 días en ubicar y amenazar a su familia que habitualmente no lleva escolta.