La Fiscalía de Valladolid abre diligencias contra León de la Riva por presuntas irregularidades
Investiga presuntas irregularidades en la rehabilitación del edificio en el que reside y que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Superior de Castilla León
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid ha abierto diligencias previas de investigación penal para esclarecer si la actuación del alcalde ha sido constitutiva de delito en el edificio en el que reside, declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La investigación se centra en los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Valladolid, con la participación del alcalde, desde que en 2002 este inmueble de la Plaza Zorrilla, propiedad en su momento de Caja Duero, decidió rehabilitarse. No hay que olvidar que el alcalde compró su vivienda cuando era vicepresidente de la entidad financiera.
Más información
- El alcalde de Valladolid mantiene "intocable" una subvención de 180.000 euros para una corrida de toros
- El alcalde de Valladolid pedirá informe para saber si puede cobrar el IBI a la Iglesia
- El alcalde de Valladolid declara ante el juez que solo firma lo que le ponen los técnicos
- Visita guiada en Valladolid por la corrupción urbanística
Las resoluciones judiciales han demostrado un exceso de edificabilidad, un cambio de usos y una alteración de las fachadas, a pesar de que el inmueble está catalogado y protegido. Javier León de la Riva no tenía conocimiento de esta decisión de la Fiscalía, adelantada por la Cadena SER, por lo que de momento no ha querido realizar ninguna valoración.
Quien sí ha opinado ya es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid, Pablo Gerbolés, porque este colectivo inició la batalla judicial. "Si la Fiscalía ha instado estas diligencias, tendrá razones. Nosotros nos ratificamos en que había muchas cosas extrañas y debía haber una investigación", ha señalado.
Entre las múltiples irregularidades figura la conversión de uno de los trasteros superiores en un ático de lujo, propiedad del arquitecto municipal redactor del proyecto urbanístico, según denunciaron los grupos de la oposición.