Los 'botellones' podrán ser multados hasta con 30.000 euros

Son modificaciones que el Ministerio de Interior está introduciendo en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que tiene que estar perfilada antes de que finalice el año. La novedad está en el nuevo régimen sancionador que van a tener infracciones como la perturbación del orden público siempre y cuando no sean constitutivas de delito. De lo más llamativo la multa que pueden tener los "botellones": hasta 30.000 euros. Se baraja la misma cantidad para el uso de capuchas en actos vandálicos.

Las infracciones se van a clasificar entre muy graves, graves y leves. Según fuentes de interior la clasificación se establece en función de la intensidad y de la gravedad de los ataques que se lleven a cabo contra bienes jurídicos protegidos. Para el caso de las "muy graves" las sanciones pueden llegar hasta los 300.000 euros y para el caso de "las graves" hasta los 30.000 euros.

Como ha adelantado ABC el Ministerio de Interior tiene previsto introducir estas modificaciones en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana antes de que finalice el año. Lo más llamativo son las sanciones económicas que se van a establecer para las infracciones consideradas graves. Pueden llegar hasta los 30.000 euros e incluye la celebración de un botellón en lugares públicos no autorizados para el consumo de alcohol. También es considerado falta grave el consumo o tenencia de sustancias estupefacientes aunque el objetivo no sea el tráfico y el abandono de utensilios o instrumementos empleados para drogarse en escenarios públicos. Se confirma también como falta grave el uso de capuchas, cascos u objeto que cubra el rostro por completo en actos vandálicos, algo que ya había anunciado el Ministerio de Interior que iba a castigar duramente. Serán faltas también faltas "graves" o "muy graves" la desobediencia y la falta de respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes cuando no sean constitutivas de delito.

El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz prevé, además, ampliar el plazo de prescripción de las infracciones, de acuerdo con su gravedad. Lo que se pretende es que los expedientes sancionadores no expiren. Según fuentes de interior lo que se pretende con todas estas modificaciones es conseguir un efecto disuasorio contra la alteración del orden público y evitar altercados cometidos en los últimos meses como los de Barcelona o los de Valencia.