Anticorrupción investiga a diez cajas de ahorros

Madrid

El caso Bankia es el más significativo por su alcance político y económico pero no es el único. La Fiscalía Anticorrupción que dirige Antonio Salinas actúa contra una decena de entidades financieras por presuntas irregularidades en el cobro de indemnizaciones de sus directivos, gestión, balances o los procesos de fusión de los últimos años. Este es el balance.

La Fiscalía Anticorrupción que dirige Antonio Salinas actúa contra una decena de entidades financieras. Castilla La Mancha fue la primera en caer en 2009, desde entonces los rescates e intervenciones del Banco de España a las cajas de ahorros han acabado en los tribunales o están en el punto de mira de la Fiscalía. Las posibles irregularidades en las operaciones de la caja manchega se instruyen en la Audiencia Nacional, rescatada en 2010 con 7.100 millones de euros e integrada después en Cajasur, la justicia investiga posibles delitos de administración desleal, falsedad contable y estafa por parte de los dirigentes de la entidad. Al alto tribunal también ha llegado la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a raíz de las denuncias por la venta de cuotas participativas y preferentes.

Las prejubilaciones e indemnizaciones millonarias de Novacaixagalicia, donde tres ex directivos cobraron 23 millones de euros; así como las de Caixa del Penedés, donde la cúpula de la entidad zanjó su salida con 20 millones de euros. Las investigaciones afectan también a Caja Segovia, Caja España, Caja Duero, Caja Burgos y Caja Ávila. En el caso de la fiscalía de León las indemnizaciones de Caja España están bajo sospecha desde finales de 2011, cuando abrieron diligencias. En este caso, el ex alcalde de León, Francisco Fernández, cobró 554.000 euros. Las cifras indemnizatorias y créditos de ex consejeros y ex directivos - y más cuando se trata de entidades con dinero público - podría incurrir en algún tipo delictivo.

Las investigaciones están centralizadas desde la Fiscalía Anticorrupción. El Fiscal Jefe Eduardo Torres-Dulce cursó una orden de servicio a las fiscalías provinciales para recopilar información de las instrucciones en curso de bancos y cajas de ahorro, con la intención, según sus declaraciones, de depurar toda responsabilidad penal que se derive de la gestión en las cajas.