Indignación entre las comunidades por el nuevo recorte de 200 millones en la Dependencia

Las comunidades autónomas alertan de que el nuevo ajuste les obligará a subir todavía más el copago y no descartan recortes en las prestaciones a los dependientes. Los gobiernos regionales se sienten engañados y denuncian la deslealtad institucional del ejecutivo por no informarles de la rebaja del 13% de la financiación básica para la atención a los dependientes. Aseguran que se enteraron por el BOE. La Xunta de Galicia considera desproporcionado y muy perjudicial el nuevo ajuste, segun señalan a la Ser fuentes del gobierno de Núñez Feijoó.

La Generalitat de Cataluña anuncia que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Dependencia al considerar que invade sus competencias autonómicas. El conseller de Bienestar Social y Familia se muestra además muy crítico con el nuevo recorte de 200 millones de euros que sufrirá el nivel mínimo de atención a los dependientes, la única aportación que hace el gobierno a la financiación de la ley. Josep LLuís Cleries denuncia el "engaño a los ciudadanos y a las comunidades porque el Estado centrifuga la responsabilidad hacia ellas y les dice: ya os lo haréis, yo invito y pagáis vosotros". Aunque se ha comprometido a que la reforma afecte lo menos posible a los servicios prestados, el conseller catalán admite que "serán inevitables recortes en los servicios, ademas de una subida del copago mayor de la prevista".

La consejera de Salud y de Bienestar Social de la Junta de Andalucía se queja también de la "deslealtad institucional" del gobierno hacia las comunidades y de la "tomadura de pelo". María Jesús Montero lamenta las formas del ministerio que no les comunicó la reducción del 13% del nivel mínimo en la reunión que Ana Mato mantuvo el pasado martes con las comunidades para discutir los ajustes y la reforma. Al igual que el conseller catalán, la consejera andaluza denuncia que el gobierno transfiere el coste de la ley a las comunidades y a los usuarios. "El nuevo recorte es una bomba en la línea de financiación de las autonomías y de los derechos adquiridos por los dependientes". María Jesús Montero denuncia que se trata de una "derogación encubierta" de la ley. "Parece que lo que prentenden es que que cuando un dependiente no pueda pagar el servicio renuncie a la prestación o bien que las comunidades dejen de aplicar la ley porque no reciben del gobierno el dinero suficiente par aseguir sufragándola", añade la consejera.

La misma indignación se percibe en el seno de las comunidades gobernadas por el PP. Fuentes de varios gobiernos conservadores consultados por la Ser manifiestan claramente su irritación porque el ejecutivo de Rajoy les ocultó la nueva rebaja en la financiación y porque al recibir menos dinero les creará graves problemas para atender a los dependientes que ya están en el sistema. Es más, advierten de que esta situación les impedirá incorporar a nuevos beneficiarios y que les repercutirá sobre todo en la prestacion de servicios como residencias, centros de día o la ayuda a domicilio. Fuentes de la Xunta de Galicia señalan que el gobierno de Feijoó considera desproporcionado y muy perjudicial la rebaja del 13% en el nivel mínimo porque pondrá en serias dificultades a las autonomías para seguir aplicando la ley de dependencia. Añaden además que este recorte es muy negativo para comunidades como la gallega que ofrece más servicios que ayudas económicas a las cuidadoras familiares.

Por su parte, fuentes del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aseguran que las comunidades gobernadas por el PP estaban informadas del nuevo recorte, un ajuste que se corresponde con la rebaja del 15% en la paga de las cuidadoras familiares.

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