La reforma de la Ley del Deporte y la lucha contra el dopaje, prioridades para el Gobierno

En su comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso, Cardenal además incluyó entre los objetivos de esta legislatura "la relativa a la regulación del ejercicio de determinadas profesiones del deporte"

"Lo consideramos un tema esencial, sobre todo en lo que concierne a la protección de la salud de los deportistas, ya que permitirá que sean profesionales formados, los que se encarguen del cuidado y la gestión fisiológica y biológica de su salud."

Sobre la Ley del Deporte, puesta en marcha en 1990, el CSD pretende abordar, entre otros temas, la organización del deporte, incluido el de alta competición, el patrocinio, el juego limpio y la gestión.

Cardenal anunció la intención de "impulsar mecanismos de cooperación y coordinación entre los diferentes poderes públicos", diseñando previamente un Plan Nacional del deporte federado que reúna todas las opiniones y que plantee objetivos y soluciones "a los actuales riesgos" que ponen en peligro su colaboración.

Para Cardenal, el contexto en el que se desenvuelve el deporte se encuentra en muchas ocasiones en la misma frontera entre lo público y lo privado.

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"Estas aproximaciones al derecho privado permiten, según creemos, modificar el actual esquema de disciplina deportiva, adaptándolo a las necesidades de flexibilidad y celeridad que requiere el deporte para la resolución de sus conflictos, así como a las exigencias de coordinación con aquellos procedimientos arbitrales de nivel internacional como las resoluciones del Tribunal Arbitral del Deporte".

La nueva norma incluirá políticas y procedimientos que apoyen la transparencia, la sostenibilidad y viabilidad de aquellas entidades, como las federaciones deportivas, que dependan de alguna manera, ya sea por medio de subvenciones públicas o por medio de beneficios fiscales, del apoyo del erario público.

"Clave para lograr esta meta será la de exigir a estas asociaciones el cumplimiento de un Código de Buen Gobierno que incluya la consecución de una serie de objetivos cuantificables.

Fundamental será también equilibrar la financiación pública y la autofinanciación con el fin de aminorar las posibles dependencias que pudieran resultar por parte del deporte federado de las arcas públicas", indicó Cardenal, que hizo especial mención al apartado de las subvenciones y al cambio del modelo actual de gestión.

Cardenal señaló que estas partidas de dinero público se han otorgado sin establecerse "unos requisitos sólidos", lo que obliga a proponer un nuevo enfoque centrado en la consecución de objetivos determinados, ya sean económicos o estrictamente deportivos.

Tambien estarán condicionados a la fiscalización de la cuantías transferidas y al cumplimiento de una serie de exigencias, como la elaboración de un plan estratégico de viabilidad económica de la federación".

Por lo que respecta a la Ley de modificación del régimen jurídico del deporte profesional y de regulación de la insolvencia de entidades deportivas, Cardenal destacó la necesidad de abordar una reforma integral del control de la gestión económica de las entidades.

Además, Miguel Cardenal incidió en el establecimiento de una regulación de los beneficios fiscales al patrocinio deportivo. "Desde el Consejo Superior de Deportes, pretendemos proporcionar al ámbito deportivo una herramienta de naturaleza fiscal que coadyuve a la supervivencia financiera del Deporte e impulse futuras actividades de patrocinio privado".

"La preocupación actual que se cierne sobre las vías de financiación en este ámbito se centran fundamentalmente en que éstas prácticamente sólo existen a través de dinero público. Es necesario cambiar este patrón", indicó.

Cardenal añadió que hay que valorar la oportunidad de establecer un "límite cuantitativo máximo" en los beneficios para cada modalidad deportiva y luchar por conseguir beneficios fiscales que garanticen la compatibilidad de unas desgravaciones que hagan atractivas las inversiones con la obligatoriedad de todos los contribuyentes de aportar recursos a la hacienda pública.

"Por ello, una buena medida sería que el Consejo Superior de Deportes conozca los beneficios fiscales de los que disfruta cada entidad deportiva, en pos de una canalización adecuada hacia aquellos sujetos que realmente requieren el disfrute de los mismos, lo que a su vez eliminaría las presiones que en muchos casos reciben las Administraciones Públicas para que destinen ayudas a estos sectores", agregó Miguel Cardenal.

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