Cospedal, a juicio por el caso de los espías

Cospedal acusó al PSOE de contratar a detectives para espiar a dirigentes del Partido Popular. A la cita judicial tendrán que acudir también Francisco Cañizares, portavoz del PP en las Cortes de Castilla la Mancha y la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero. El juez ha fijado la vista para el próximo 3 de octubre.

La presidenta de Castilla la Mancha, Dolores de Cospedal, tendrá que declarar en el juicio contra ella el próximo 3 de octubre. Además, tendrán que comparecer la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero y el portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares. La secretaria general de los populares acusó al PSOE de contratar a detectives para espiar a miembros y dirigentes del Partido Popular y pagar dichos espionajes bien con dinero de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha bien con las cuotas de los afiliados. Cospedal llegó a asegurar, en un acto junto a Rajoy, que tenía pruebas. Los tres políticos tendrán que acudir el próximo 3 de octubre en el Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 5 de Coslada.

Entre las diligencias admitidas por el juez consta el libro de registro de la agencia de detectives Almirante, donde queda registrado, según explica el abogado del demandante Juan Antonio Tuero, "que el encargo fue contratado por un funcionario del ayuntamiento de Ciudad Real por un presunto caso de acoso laboral contra la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y el equipo de la corporación municipal".

El demandante, la agencia de detectives Almirante, pedía que Cospedal reconociese que las declaraciones eran falsas e hiciera una rectificación de las acusaciones. El director de la agencia, Isidro García, entiende que las acusaciones de Cospedal dañaron la imagen de su empresa y su actividad como detective. Durante la audiencia previa los representantes legales han mantenido su rechazo a rectificar las acusaciones contra el PSOE.

La agencia de detectives presentó la demanda el pasado mes 24 de enero por "intromisión ilegítima en el honor" de sus responsables y solicita que cada uno de ellos indemnice a la parte demandante con cien mil euros.

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Acusaciones por demostrar

La demanda interpuesta en el juzgado de 1ª instancia de Madrid, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, recoge las múltiples acusaciones que María Dolores de Cospedal hizo contra el PSOE y que motivaron la querella. El director de la agencia asegura en el escrito haber sido contratado por Jesús Manuel Rubio - y no el partido socialista - un funcionario del ayuntamiento de Ciudad Real, "con el fin de investigar, para su aportación a una demanda ante la jurisdicción laboral por el acoso laboral al que decía sentirse sometido por el equipo de gobierno de la Corporación Local y las irregularidades que se pudieran estar comentiendo".

Cospedal, sin embargo, durante los meses de enero y febrero de 2011, realizó varias manifesaciones públicas "presentándose como una víctima del PSOE", dice la demanda. De aquella época es la acusación durante una reunión del Comité Ejecutivo del PP en Cuenca en la que Cospedal se descolgó diciendo que "el PSOE castellano-manchego ha contratado detectives privados para seguir a dirigentes populares, ya hay muchos de nosotros a los que el Partido Socialista les ha puesto detectives. me gustaría saber si el dinero con el que los pagan es de la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha o viene de las cuotas de los afiliados".

El mismo Esteban González Pons se remitió a las palabras de la número dos del PP apuntalando "Lo que haya dicho es lo que mantenemos todos". Ese mismo verano Cospedal acusaba al Gobierno, desde su apartamento de veraneo en Marbella, "de espionaje a altos cargos de su partido sirviéndose del aparato del Estado". Ese mes de enero de 2011, acompañada de Rajoy, dijo "tener pruebas de que el PSOE ha espiado a altos cargos de su partido".

Al hacer estas acusaciones, Cospedal señalaba a la Agencia Almirante como responsable de "espiar" al PP por encargo del PSOE. El director de la agencia reconoció ser militante socialista, hecho que Cospedal denunció públicamente y sobre lo que González argumenta que "pertenece al ejercicio de su libertad indidual, ajeno al rifi rafe político entre ambos partidos". El denunciante denuncia el impacto de las declaraciones de Cospedal sobre "su familia" y "el perjucio al prstigio profesional, buen nombre, reputación, imagen pública, causados a su empresa".