Economia y negocios

El Eurogrupo aprueba definitivamente el rescate de hasta 100.000 millones a la banca española

El Eurogrupo recuerda que el gobierno debe seguir con los recortes y establece un vínculo directo entre estos y el plan para financiar a la banca

Angela Merkel depositando su papeleta en la votación sobre el rescate a EspañaReuters

El Eurogrupo ha aprobado por unanimidad el rescate a la banca española y ha especificado que al margen de las reformas del sistema financiero España debe seguir con las reformas.

Se trata de un texto duro, que rompe las diferencias que intentaba marcar el gobierno español y demuestra que para los gobiernos del euro no hay dinero sin recortes. "La relación específica entre el acuerdo para financiar a los bancos y los compromisos para cortar el déficit", dice el comunicado, "es explícita porque solo a través de una actuación conjunta España logrará crear la estabilidad financiera que necesita".

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Nada de lo aprobado indica que el BCE haya aceptado un cambio de estrategia para actuar contra eldesequilibrio de la prima de riesgo española con la alemana, francesa o belga, aunque hay que esperar a los próximos días.

De momento, el Gobierno español tiene pendiente remitir a Bruselas el programa presupuestario bianual para el 2013 y el 2014, que es cuando finaliza el programa de recorte de déficit y con él, los recortes para los españoles, si es verdad que para entonces se consigue llegar al 3%.

Antes el sector financiero va a quedar supeditado a una dura supervisión exterior y de la ejecución del presupuesto español por parte de la Comisión Europea, a quien habrá que remitir cada tres meses las cuentas españolas.

Las condiciones de la ayuda a España

El Parlamento holandés y el Bundestag (Cámara Baja alemana) ya había aprobado el préstamo a España y el Congreso finlandés lo ha sometido a votación este viernes, antes de la teleconferencia del Eurogrupo. El Gobierno español suscribirá los documentos "próximamente", según fuentes comunitarias.

El primer tramo de ayuda, que ascenderá a 30.000 millones de euros, estará disponible antes de fin de mes, aunque se mantendrá en reserva en el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), para casos urgentes de recapitalización, un monto que incluye un "colchón de seguridad a largo plazo" de 10.000 millones.

El préstamo tendrá un vencimiento medio de 12,5 años y un máximo de 15 años y, según el Ministerio de Economía, un periodo de gracia de 10 años y un interés medio ligeramente inferior al 3%.

El segundo tramo, de 45.000 millones de euros (incluidos 20.000 del primer tramo) se desembolsará a mediados de noviembre y servirá para ayudar o liquidar las entidades que se encuentra bajo el control del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -BFA/Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia-.

El tercer tramo, de 15.000 millones, se desembolsará a finales de diciembre para sanear entidades viables o liquidar las que no lo sean dentro del grupo de las que no han sido intervenidas, así como para cubrir la inyección de bonos convertibles en los bancos que intenten recapitalizarse por sus propios medios.

El cuarto tramo, también de 15.000 millones (incluidos los 10.000 millones del colchón de seguridad) se centrará en socorrer a este último grupo si no logra financiarse.

Hasta 25.000 millones se destinarán a la financiación de los bancos malos que se crearán hasta noviembre para aislar los activos problemáticos.

A cambio de la ayuda, España tendrá que cumplir 32 condiciones, principalmente para la banca que requiera capital y el sector en su conjunto, pero también tendrá que someterse "en paralelo" una vigilancia estrecha de los compromisos macroeconómicos.

La banca tendrá que llegar al 9% de capital de máxima calidad y si las entidades resultan no ser viables se liquidarán. Si tienen todavía futuro tendrán que abandonar actividades secundarias y vender participaciones y activos, reducir el número de oficinas o recortar personal.

La banca socorrida no podrá repartir dividendos y tendrá que limitar la remuneración de los ejecutivos y miembros de los consejos de administración, en tanto que los accionistas y titulares de híbridos y de deuda subordinada -como son las preferentes- tendrán que asumir una parte de las pérdidas.

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