Miércoles, 25 de Mayo de 2022

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La jueza del 25-S estudia inhibirse a favor de la Audiencia Nacional

La magistrada apreció "motivos bastantes" de un delito contra las Instituciones del Estado mientras el juez de la Audiencia Nacional rechazó la investigación. El Supremo podría decidir a quién corresponde el caso, si lo hay

La juez de Plaza de Castilla que el pasado jueves dejó en libertad sin fianza a 34 detenidos tras los incidentes frente al Congreso de los Diputados está estudiando inhibirse de la investigación hacia los juzgados de la Audiencia Nacional.

La decisión de la juez se comunicará el próximo lunes pero todo parece indicar, según fuentes jurídicas, que finalmente optará por deshacerse del caso al haber apreciado "motivos bastantes de un delito contra las instituciones del Estado" en los hechos protagonizados presuntamente por los detenidos.

La magistrada describe en su resolución una imputación genérica contra los 34 detenidos a los que vincula, sin indicar qué hizo supuestamente cada uno, con delitos de atentado y resistencia a la autoridad y contra las Instituciones del Estado.

Viaje de ida y vuelta, decide el Supremo

La decisión del juzgado numero 8 de Plaza Castilla llegará a la Audiencia Nacional, en donde el juez Santiago Pedraz o el juzgado a quien le corresponda por reparto, tendrá que decidir si asume la investigación. En caso de que no se acepte, la juez de Plaza de Castilla podría iniciar un nuevo trámite y plantear una cuestión de competencia que resolverá finalmente el Tribunal Supremo.

Fuentes jurídicas han matizado a la Cadena SER que el hecho de que el juez Santiago Pedraz tenga abierta una causa penal específica contra los 8 promotores de la concentración, no le obliga a quedarse con los atestados por los incidentes frente al Congreso. Ademas, el magistrado ya ha mostrado su opinión contraria a considerar los disturbios como un delito contra Altos Organismos de la Nación, por lo que parece poco probable que acepte el caso.

Así las cosas, los trámites judiciales descritos no son rápidos y comienzan su andadura con la vista puesta en el Tribunal Supremo, que ejercerá de 'Salomón' para decidir si hay o no delito contra las Instituciones del Estado y a quien corresponde investigar.

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