La ley española sobre el desahucio es incompatible con el derecho europeo
La abogada general del Tribunal de Luxemburgo considera que las leyes nacionales no pueden ser contrarias a los derechos que la ley comunitaria otorga a los consumidores
La abogada general del Tribunal Europeo de Luxemburgo considera que la ley española puede ser incompatible con la europea porque no permite a un juez frenar los desahucios. De haber una sentencia, se crearía jurisprudencia que permitiría frenar otros desahucios.
Es una opinión, no una sentencia, pero la abogada general del Tribunal Europeo, Juliane Kokott, considera la legislación española incompatible con el derecho europeo porque la Directiva 93/13, que regula los Derechos de los Consumidores, establece que deben disponer de un recurso legal y eficaz, contradictorio con los procesos de ejecución forzosa de viviendas.
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La abogada general mantiene que, aunque este es un tema sobre el que no existe armonización europea, las leyes nacionales no pueden ser contrarias a los derechos que la ley comunitaria otorga a los consumidores, no respetados en la legislación española.
Según la abogada general, los jueces deben disponer de la posibilidad de suspender (de forma provisional) un proceso ejecutivo para comprobar si en el contrato hay cláusulas abusivas. El objetivo de la suspensión provisional es evitar un perjuicio irreversible al consumidor. Aunque para saber si esta opinión se convertirá en sentencia definitiva, los afectados deberán esperar unos dos meses.
El Tribunal de Luxemburgo está estudiando el problema de los procesos de desahucio en España a partir de una pregunta prejudicial formulada por el juzgado mercantil de Barcelona al que se dirigió un vecino de Tarragona que perdió su vivienda por no poder pagar a Caixa Tarragona, hoy Cataluña Caixa, que se adjudicó su vivienda por el 50% de su valor tras una subasta sin postores tras la que el ciudadano afectado sigue adeudando a la entidad bancaria 40.000 euros más los gastos y costas del proceso.
Además, el juzgado mercantil de Barcelona pide al Tribunal Europeo que determine si la imposición de indemnizaciones altas a los afectados que no cumplan sus obligaciones puede ser abusiva.
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