Miércoles, 29 de Junio de 2022

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La Defensora del Pueblo cree que "queda camino por recorrer" en los desahucios

Soledad Becerril propone medidas diferentes a las aprobadas por el Gobierno como aplicar la dación en pago en algunos casos

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante la Comisión Mixta Congreso-Senado del informe de gestión de la institución de 2011, cuando recibió más de 24.000 quejas, en su mayoría relacionadas con los efectos de la crisis.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante la Comisión Mixta Congreso-Senado del informe de gestión de la institución de 2011, cuando recibió más de 24.000 quejas, en su mayoría relacionadas con los efectos de la crisis. / EFE/Sergio Barrenechea

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha expresado que, en su opinión, "aún queda camino por recorrer" para frenar la problemática social de los desahucios. Mediante un comunicado, y coincidiendo con al entrada en vigor este viernes del decreto ley del Gobierno sobre la restricción a los desahucios, Becerril ha pedido buscar "el mayor grado de acuerdo posible". El decreto ha sido aprobado por el Gobierno sin el apoyo del PSOE, después de que no llegaran a un acuerdo tras tres jornadas de reuniones y negociaciones.

Ante ello, ha apostado por promover otras medidas como "la creación de un procedimiento para las situaciones de insolvencia personal y familiar, la posibilidad de limitar los intereses de demora y los gastos de ejecución, la aplicación de la dación en pago en algunos casos, o la elaboración de un concepto jurídico" bajo la denominación de "deudor de buena fe". Un término al que también se ha hecho referencia desde el PSOE.

Aun así, la Defensora del Pueblo ha valorado las medidas contenidas en el Real Decreto ley 27/2012 que ha entrado este viernes en vigor. Entiende que "es un paso en la buena dirección, ya que afronta el daño social más urgente".

Destaca la creación de un fondo social de viviendas para personas desalojadas y la ampliación del "umbral de rentas establecido como requisito en el Código de Buenas Prácticas".

El decreto ley sobre desahucios aprobado ayer jueves por el Gobierno establece una moratoria de dos años para familias con personas a su cargo e ingresos inferiores a 19.200 euros que no puedan afrontar el pago de la hipoteca, así como la creación de un parque de alquiler de vivienda pública. Unas medidas que no afectan a las familias con alquileres.

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