La Audiencia Nacional investigará el cerco al Parlament catalán

El Tribunal Supremo ha resuelto el conflicto de competencias planteado por un juzgado de Barcelona y ha decidido que sea la Audiencia Nacional la que investigue el cerco al Parlament de Cataluña del pasado mes de junio. La sala de lo penal apela a la equiparación de los parlamentos autonómicos con las Cortes Generales consagrado en la Constitución Española para justificar esta decisión.

La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha ordenado que sea la Audiencia Nacional la que investigue los incidentes del pasado mes de junio en la protesta para cercar el Parlament de Cataluña. Los magistrados apuntan a la posible comisión de un delito contra las Instituciones del Estado.

Dice la sala que "la equiparación de los parlamentos estatal y autonómicos encaja en la configuración territorial del Estado que diseña la Constitución Española". Esta equiparación "otorga a los Parlamentos autonómicos una posición institucional no muy alejada del de las Cortes Generales, con una potestad legislativa asimilada al de éstas".

Los magistrados sostienen que aunque el delito en este caso se dirija directamente contra la persona del parlamentario, la finalidad "es la perturbación del funcionamiento de la propia Institución, que se ve alterada cuando se impide o coarta e éstos su asistencia a las reuniones, la manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto" Se trata, concluyen, "de un delito de naturaleza pluriofensiva en el que se ve afectada la libertad y seguridad del parlamentario, pero también y fundamentalmente, en el que se ataca y cuestiona el funcionamiento de la propia Institución parlamentaria".