Nace la plataforma 'Justicia para Todos' en protesta contra las tasas judiciales
El presidente del Consejo de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha señalado que "no queremos pagar nuestros derechos"
El presidente del Consejo de la Abogacía Carlos Carnicer ha presentado hoy la nueva plataforma 'Justicia para Todos', que aglutina tanto al Consejo como a sindicatos y consumidores, en protesta contra la subida de las tasas judiciales. Carnicer ha señalado en el acto que "son derechos que nos ganamos durante la transición, no tenemos que pagarlos".
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Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha presidido la presentación de la plataforma 'Justicia para Todos, constituida "para poner de manifiesto el rechazo a la Ley de Tasas" y que también aglutina al Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSI-F. Durante el acto de presentación, que ha tenido lugar en la sede del Consejo de la Abogacía, todos los firmantes han coincidido en criticar "la inconstitucionalidad de unas tasas judiciales" que, según defienden, "recortan los derechos de los ciudadanos".
Carnicer ha querido destacar el carácter abierto de la Plataforma, y ha señalado que "los ciudadanos no queremos comprar nuestros derechos, ya nos los ganamos durante la transición". De la misma manera, ha anunciado que el próximo día doce de diciembre a las doce de la mañana están convocadas concentraciones de ciudadanos a nivel estatal frente a juzgados de toda España.
Los representantes de los cuatro sindicatos adscritos a esta recién nacida plataforma 'Justicia para Todos' han señalado "el recorte de derechos que sufren los ciudadanos" con las últimas reformas aplicadas por el Ministro Alberto Ruiz-Gallardón al mundo de la justicia.
Rodolfo Benito, de CCOO, ha declarado que esta subida de tasas constituye, a su juicio, "una clara vulneración de nuestra Constitución", refiriéndose en los mismos términos a la posible privatización del registro civil. José Luis Fernández, de la Unión Sindical Obrera, ha denunciado el "afán recaudatorio del Gobierno a la hora de iniciar reformas, que incluso imposibilita a los trabajadores cumplir con sus obligaciones". En esa misma línea, los representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han señalado el "secretismo" con el que, dicen, el Ministerio de Justicia ha tomado sus últimas decisiones.
