Asociaciones de Jueces alertan del intento del Gobierno de privatizar el Registro Civil

Los colectivos judiciales critican que la ley en vigor, aprobada en 2011 con el voto a favor del PP, invirtió 128 millones de euros en la digitalización del registro Civil para entregar ahora la competencia a notarios y registradores. Éstos podrían cobrar por las certificaciones y los trámites del registro, según denuncian

El Gobierno tiene la intención de privatizar el Registro Civil, al menos así se recoge en el borrador de la Reforma Integral de los Registros. Si se aprueba, los ciudadanos pagarían por las inscripciones de nacimientos, defunciones, matrimonios, cambios de domicilio, testamentos, nacionalidad, divorcios etc Es decir, cualquier trámite asociado al registro público. Una propuesta a la que se oponen las asociaciones mayoritarias judiciales. José Luis Armengol, portavoz de Francisco de Vitoria, asegura que se trata de "una vuelta de tuerca más a la privatización que se esta produciendo en el ámbito de la Justicia más de la descomposición del funcionamiento como servicio de la misma. Ahora tendremos también otro impuesto de cualquier acto vinculado al Registro Civil. Entendemos que sería muy conveniente mantener la situación actual".

Desde Jueces para la Democracia alertan de los efectos. A través de un comunicado, su presidente Joaquim Bosch, asegura que el cobro de nuevas tasas podría excluir socialmente a quien no pueda asumir el coste económico que pudiera imponerse.

De trasladarse este borrador al anteproyecto de ley, el trabajo de los funcionarios del Estado lo harían, previo pago, el colectivo y las corporaciones de notarios y registradores mercantiles y de la propiedad.

Bajo la teoría del shock

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La última ley aprobada fue en 2011. Con los votos a favor del PP, la norma preveía sacar el Registro Civil de la administración de Justicia, pero con el fin de modernizar y especializar los registros y acercarlos al ciudadano, según explica Rafael Lafuente, presidente del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ). La ley optó por las oficinas especiales y mantenerlo como servicio público.

Como era complejo pasar de los juzgados a las oficinas registrales y ayuntamientos, la ley aprobada en 2011 continúa dentro del periodo previo a su aplicación, previsto para 2014. Para ello, se invirtieron 128 millones de euros, un presupuesto que se utilizó para escanear y digitalizar los libros registrales, aprovechando las nuevas tecnologías para evitar que el ciudadano se trasladara a las oficinas.

"Es una teoría del shock en Justicia. Cada día hay una cosa nueva. Pasamos a que el Registro Civil esté en la administración de justicia a las oficinas registrales y el tema de matrimonio civil lo llevan los ayuntamientos. Ahora, se privatizan todos estos servicios públicos en favor de las tasas para los notarios y registradores", asegura Lafuente.