Sanidad da seis meses a las autonomías para actualizar los beneficiarios de la dependencia

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado un plazo de seis meses a las CCAA para actualizar los datos del sistema de la dependencia, evitar el fraude y mejorar la transparencia, ya que 29.169 fallecidos constaban como beneficiarios, según un informe del Tribunal de Cuentas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, la ministra Ana Mato ha explicado que en la reunión con los consejeros autonómicos del ramo se ha planteado la necesidad de una "mayor transparencia del sistema", después de tratar, entre otros asuntos, un informe del Tribunal de Cuentas. El documento, que se encuentra en fase de alegaciones y analiza datos desde 2007 hasta 2011, concluye que constan como beneficiarios 29.169 fallecidos por los que las comunidades autónomas recibieron 140.348.268 euros que no les correspondían.

El Tribunal de Cuentas indica que ha habido "falta de comunicación" de esas muertes por parte de las autonomías a la aplicación informática del sistema de dependencia, por lo que han recibido una "financiación indebida". Apunta, además, a una "ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización".

Según el informe, Andalucía, Castilla y León y País Vasco -4.194, 4.105 y 3.444, respectivamente- son las comunidades con mayor número de beneficiarios fallecidos, mientras que Baleares, La Rioja y Canarias -6, 59 y 197- son las que menos. Para Mato, estos datos demuestran que "había que hacer modificaciones en el sistema de dependencia" y que las listas tienen que estar "permanentemente puestas al día".

La ministra ha expuesto a los consejeros que el sistema de la dependencia dará prioridad a la prestación de servicios por encima de las ayudas y ha recordado la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar, según la redacción de la ley. Ha subrayado que en la reunión se ha pactado unificar toda la normativa sobre las prestaciones del sistema de la dependencia que quedarán recogidas en un único decreto y que las CCAA plantearán planes de prevención con iniciativas dirigidas específicamente a las personas mayores.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Asturias y Andalucía, han reiterado sus críticas a la reforma de la ley, al considerar que el Gobierno quiere privatizar el sistema de la dependencia. También Cataluña y el País Vasco se han opuesto al actual modelo de financiación porque las administraciones territoriales aportan mayor cantidad para el desarrollo del sistema cuando en principio debería haber un equilibrio del cincuenta por ciento, en su opinión.