Siete años de inhabilitación para la exdirectora del ICO por infringir la ley de incompatibilidades

Según publica el BOE, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha sancionado con 7 años de inhabilitación para ocupar altos cargos a la que fue directora general del ICO entre septiembre de 2009 y febrero de 2012, Olga García Frey, por una infracción muy grave de la ley de incompatibilidades al haber participado en la concesión de créditos a la firma PricewaterhouseCoopers (PwC), en la que fue consultora antes de llegar al ICO.

Según recoge la página oficial del ICO sobre los concursos adjudicados en 2009, esta sociedad obtuvo, entre otros, el 30 de Octubre un préstamo por valor de 609.000 euros que fue negociado sin publicidad.

El ICO adjudicó a esta empresa diversos contratos durante el mandato de García Frey, en los que la exdirectora general no se inhibió, a pesar de que la ley que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, la ley de incompatibilidades, señala en su artículo 7, que deberán abstenerse de tomar decisiones cuando confluyan a la vez intereses de su puesto publico con intereses privados.

"La ley obliga a inhibirse del conocimiento de los asuntos que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tomado parte en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público".

Garcia Frey, ha cometido según el Secretario de Estado de Administraciones Publicas una falta muy grave y ha sido sancionada con siete años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La sanción podría haber llegado hasta los 10 años de suspensión.

El pasado mes de abril fue nombrada directora de ACC1Ó , un servicio de apoyo en Madrid a los empresarios catalanes organizado por la delegación de la Generalitat de Catalunya en Madrid y el Instituto Catalán de Finanzas ( de el que la propia Frey que fue directora comercial).

"Se trata de una iniciativa para facilitar el acceso de los diferentes organismos económicos del Estado y la financiación al tejido empresarial catalán" , según reconoció el delegado de la Generalitat de Catalunya en Madrid, Jordi Casas.