La deuda en IVA de la administración con los autónomos asciende a casi 1.000 millones
Tres de cada cuatro autónomos afirma no haber contratado al menos a un trabajador durante el pasado 2012
La Federación de Autónomos (ATA) ha presentado esta mañana el barómetro correspondiente a la situación de los autónomos en 2012, y ha aprovechado para cifrar la deuda en IVA que tienen las administraciones públicas con los empresarios, 976,8 millones de euros.
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"Hoy es un día, en el que nosotros financiamos al Estado, donde el Estado se financia a costa de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos, tributando unos impuestos de unas facturas que nos deben las propias administraciones y que nosotros no hemos cobrado". Con estas palabras, Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), resumía lo que es el principal problema de los autónomos de nuestro país, la deuda en IVA que tienen las administraciones públicas con ellos. Hoy se hacía efectiva la tributación del último trimestre, el de mayor facturación, y por el que los autónomos pagarán 341 millones de euros por trabajos que no han sido cobrados. Esto hace un total de 976,8 millones de euros en todo 2012.
Muchos son los parches que el Gobierno ha ido aprobando, y muchos los que ha prometido y que de momento no han llegado. Una reforma laboral para flexibilizar el empleo, que a la vista de los resultados de la EPA y el propio barómetro que ha presentado hoy ATA, poco resultado ha tenido. En este, 3 de cada 4 autónomos afirma no haber contratado al menos a un trabajador durante el pasado 2012, para 2013 las previsiones son igual.
El Gobierno prometió que en los tres primeros meses de 2012, pondría en marcha una ley de emprendedores que corregiría el problema de la deuda de las administraciones con los autónomos. De momento esa ley no ha llegado, desde ATA creen que se aprobara o tienen esperanzas de que sea en el primer semestre de este año. Un problema al que el presidente de ATA, responsabiliza de la mala situación de los autónomo, y dice "que las administraciones públicas son más máquina de destrucción de empleo, de empresa y de autónomos, que la propia reforma laboral", que "tienen la culpa de que en este país una de cada 5 empresas tarda más de un año en cobrar de las propias administraciones públicas".
Del barómetro también se desprenden otras afecciones del sector, como las restricciones crediticias. El 70% dice haber tenido algún tipo de problema a la hora de pedir financiación a los bancos. Y también la morosidad, que se dispara en el último trimestre de 2012. El 66,5 por ciento de los encuestados reconoce haberse visto afectado su negocio por morosidad pública o privada.