Urdangarin amenaza con recurrir al Constitucional alegando "indefensión" | 06-02-2013

Palma de Mallorca

Iñaki Urdangarin anuncia que recurrirá a la Audiencia Provincial e incluso al Tribunal Constitucional por lo que considera una "irreversible indefensión" provocada por el juez instructor del caso Nóos, José Castro. En el recurso de reforma presentado contra el auto de fianza de ocho millones cien mil euros, el abogado Mario Pascual Vives afirma que el magistrado introduce "nuevos documentos, delitos y fragmentos de algunos testimonios" que la defensa desconocía y que generan una indefensión al duque de Palma.

El abogado argumenta que no sabe a ciencia cierta de qué delitos se acusa a Urdangarin. Afirma que hay una inclusión "parcial, sesgada y fuera de plazo" del contenido de ciertos documentos. Su inclusión ha sido "subjetiva" e impide a la defensa, según el escrito, "emitir las alegaciones que resulten convenientes para poder defenderse". Por estas razones, anuncia que abre la puerta a recurrir la indefensión a través de un recurso en la Audiencia Provincial de Palma o, si fuera el caso, dice, ante el Tribunal Constitucional.

En el escrito, el letrado anuncia también que aportará a la causa un informe acreditativo de la repercusión y beneficios económicos que los congresos organizados por el Instituto Nóos tuvieron para Valencia y Palma. Con ello, pretende rebatir la tesis del juez y del fiscal de que los Congresos no tuvieron repercusión entre los ciudadanos. El duque asegura que a través del Instituto Nóos se consiguió la contratación de un equipo ciclista durante tres años "lo que refuerza la teoría de la utilidad de la intervención del Instituto Nóos".

También considera que la organización de la Valencia Summit fue un éxito que ayudó después a traer la Fórmula Uno, el torneo Masters de Golf de Castellón y la consolidación de los Torneos de ATP de tenis. Reitera el letrado que Palma "se consolidó como uno de los destinos preferidos para el desarrollo de las actividades del cicloturismo y, como no, la vela y el golf".

Niega tráfico de influencias

En el escrito remitido al Juzgado, Mario Pascual Vives niega también un delito de tráfico de influencias por el mero hecho "de que mi mandante era (y es) pariente de S.M. El Rey de España". Considera inverosímil que las administraciones autonómicas se sometieran a la voluntad del duque o de Diego Torres y defiende que los gobernantes consideraron los proyectos de sumo interés.

Plante una hipótesis en la que el abogado se pregunta: "la puerta se abre con mayor facilidad que para otros y mi Mandante expone un Proyecto, una idea. Por ese mero hecho ya tiene que ser aceptada?; verbalmente? Tenga o no utilidad para el territorio administrado por el receptor de la visita? Y sin más se da por aceptada por "venir de.."?"

El abogado considera que el hecho de que los gobernantes aceptaran recibir a Urdangarin, no implica que sus proyectos tuvieran que ser aceptados. Considera que el proyecto "resultó de sumo interés" para Valencia y Baleares y recuerda que "el particular no decide la naturaleza jurídica de un contrato cuando habla con la administración".

"Parecería congruente con lo que hubiera podido considerar el Instructor, que las referidas Autoridades hubieran percibido, al dejarse doblegar por la supuesta "luz cegadora que emanaba de mi Mandante por su condición de pariente Real", de algún "favor regio" o liberalidad que por evidente que resultara, no ha aparecido en la presente Causa, por no haber existido", dice Pascual Vives.ç

No sometidos a la ley

El duque de Palma defiende a capa y espada los convenios firmados y recurre de nuevo al argumento de que los convenios de patrocinio no están sujetos a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Sobre el papel de Urdangarin en el Instituto, Pascual Vives recuerda que el duque a partir de marzo de 2006 dejó de percibir su sueldo en Nóos. Las visitas que el duque efectuaba, dice, no eran para tomar decisiones o participar activamente en la vida de la sociedad. "El ir por allí de vez en cuando y sin cobrar no se puede igualar a la condición de asalariado", asegura el abogado.

El abogado destaca que el importe de la fianza es "desproporcionadamente excesivo". Considera que el importe de ocho millones cien-mil euros supondría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de esta cifra y un "injusto empobrecimiento" para Urdangarin, que dice, ya abonó importes a Hacienda, proveedores y trabajadores de congresos en Valencia y las islas Baleares.