Urdangarin declarará de nuevo ante el juez el 23 de febrero y su socio Diego Torres, el 16
El duque de Palma tendrá que declarar por cuentas en el extranjero y delito fiscal
Iñaki Urdangarin ha sido citado a declarar de nuevo en los juzgados de Palma el 23 febrero y su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, y su mujer, Ana María Tejeiro, el día 16, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude fiscal de, al menos, 470.000 euros en 2007 y 2008.
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Iñaki Urdangarin, de nuevo ante el juez. El duque de Palma tendrá que declarar de nuevo ante José Castro el sábado 23 de febrero. Su exsocio, Diego Torres, y su esposa, Ana Maria Tejeiro, tendrán que hacerlo el día 16 de ese mismo mes. Así lo ha dictado el juez José Castro mediante un auto, en el que cita al duque de Palma casi un año después de su primera visita al juzgado para dar explicaciones por el caso Nóos. Esta vez, las declaraciones serán grabadas en vídeo.
El magistrado quiere interrogar al duque de Palma y su exsocio sobre la cuentas abiertas o usadas en Andorra, Luxemburgo y Suiza. Las comisiones rogatorias enviadas a estos tres países revelaron una cuenta en Luxemburgo con un saldo de 900.000 euros a nombre de Torres y su esposa.
Además, el magistrado también les interrogará por los nuevos delitos fiscales que les imputa la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó el pasado sábado esta comparecencia. La Agencia Tributaria de Cataluña constató en un informe solicitado por el juzgado tres delitos contra Hacienda que sumaban casi medio millón de euros.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el Instituto Nóos podría haber defraudado 240.000 euros en el año 2007 a través del impuesto de sociedades. Al Duque de Palma le imputa dos presuntos delitos contra Hacienda por fraude en el IRPF de los ejercicios 2007 y 2008, por un valor superior a 120.000 euros en cada uno de esos años.
Sobre Urdangarin pesan los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental, además de los tres nuevos delitos fiscales.
El juez tiene todavía pendiente resolver la petición de una fianza de responsabilidad civil para el duque y su exsocio de 8.200.000 euros. El caso, recordamos, investiga el supuesto desvío de seis millones de euros de las administraciones balear y valenciana entre 2004 y 2007.