Wert debate con las comunidades autónomas las cuentas de su reforma educativa

Cataluña pedirá la retirada de la reforma por falta de dinero para financiarla y las comunidades socialistas denuncian que la memoria económica consolida el recorte estructural de inversión en el sistema educativo mientras se gasta dinero en medidas de segregación de alumnado. Las comunidades del PP también reclamarán una financiación suficiente y que se tenga en cuenta las características de cada territorio a la hora de calcular el coste de implantación de la reforma. La cita coincide con la tercera jornada de huelga de estudiantes y las manifestaciones de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública convocadas esta tarde en decenas de ciudades

El ministro Wert y los consejeros autonómicos de educación han vuelto a verse las caras esta tarde para estudiar la memoria económica de la reforma educativa. Es una cita que exigieron las propias comunidades autónomas, incluidas las del PP, muy preocupadas por la falta de recursos suficientes para financiar la implantación de la futura ley. Hace quince días, el Ministerio les remitió una nueva memoria económica que quintuplica los costes calculados inicialmente y que también admite un posible retraso en la implantación de la reforma educativa hasta el curso 2015-2016.

En ese texto el ministerio cifra en 408 millones de euros el coste de implantar la reforma en los tres primeros años y asegura que asumirá ese coste directo en su totalidad. Lo que las comunidades autónomas tendrían que afrontar serán los llamados costes indirectos de implantar la reforma y que, según Educación, dependerán de cuánto se logre reducir el abandono escolar, y por tanto escolarizar a más alumnos, y derivar a más estudiantes a FP, estudios que son más costosos por su dimensión práctica. Para esos costes el ministerio plantea tres escenarios, con un gasto de entre 50, 334 y 927 millones de euros anuales.

Uno de los puntos más polémicos es la reducción de la carga horaria en Bachillerato debido a la disminución de asignaturas planteada. Comunidades como Andalucía temen que eso sirva para suprimir casi 5.000 profesores, mientras el ministerio sostiene que se redistribuirán las plantillas docentes en las distintas enseñanzas.

A la espera de lo que ocurra esta tarde en la Conferencia Sectorial de Educación, las cuentas no les cuadran a muchas autonomías. Cataluña ya ha manifestado que los cálculos del Ministerio son "erróneos" y no casan con sus propias estimaciones. Por eso la consejera catalana, Irene Rigau, pedirá hoy al ministro que retire la reforma ante la imposibilidad de financiarla. Según Rigau, "se pueden adoptar medidas para mejorar la educación sin necesidad de afrontar una nueva ley para la que ni ministerio ni comunidades tienen recursos suficientes".

Por su parte la consejera de Educación de Asturias, Ana González, ha cuestionado la validez de unos números que en su opinión "están hechos torticeramente mal para encubrir un doble recorte: que no son suficientes para financiar las medidas que se proponen y para servir como coartada a lo que el PP busca con esta ley, que no es sino consolidar un recorte estructural en la inversión global del sistema educativo español".

En la misma idea insiste la consejera andaluza, Mar Moreno, para quien esta memoria económica "consolida el recorte en profesores, programas de refuerzo, de lucha contra el abandono escolar o escuelas infantiles mientras gasta dinero en nuevas medidas para poner barreras, en reválidas y en segregación. Lo único que se presente es cambiar la talla de la escuela, pasar de una escuela pública con recursos para todos, a una educación barata y de baja calidad".

Madrid reclamará una "financiación suficiente" y Galicia quiere que se tenga en cuenta la dispersión geográfica

Las comunidades del PP han eludido en su mayoría pronunciarse públicamente sobre la memoria económica a la espera de "escuchar los argumentos del ministro Wert". Sin embargo, en privado no se oculta la inquietud por algunos de los cálculos económicos, en particular los que atribuyen en solitario a las autonomías los costes derivados de la extensión de la FP. Preguntado al respecto, hoy el portavoz del Gobierno de Madrid, Salvador Victoria, ha asegurado que "la Comunidad de Madrid siempre reclama la financiación necesaria para los madrileños que permta mantener los servicios públicos, y esa es una reivindicación que se hace con carácter general y también en materia educativa". Por su parte el consejero gallego Jesús Vázquez ha señalado que pedirá al ministerio que se tenga en cuenta la dispersión geógráfica a la hora de dotar de dotar los recursos necesarios para la implantación de la reforma en los distintos territorios. Vázquez también ha indicado que el estado debe cubrir el coste de la Formación Profesional.