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Jueves, 18 de Julio de 2019

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Arturo Fernández debía 3,6 millones a Hacienda en febrero de 2012

La Cámara Baja sacará en septiembre a concurso el servicio de restauración

La Agencia Tributaria comunicó el 13 de febrero de 2012 a la Dirección de Presupuestos y Contratación del Congreso de los Diputados una diligencia de embargo contra Arturo Grupo Cantoblanco S.L por un importe de 3,6 millones de euros como consecuencia de un expediente de apremio para el cobro de deudas pendientes de pago.

Así lo recoge el informe de los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados que hoy ha sido repartido entre los miembros de la Mesa de la Cámara Baja, y al que ha tenido acceso la Cadena SER. Según el informe, el Congreso comunicó a la Agencia Tributaria que la empresa prestadora del servicio de cafetería y restauración del Congreso era Grupo Cantoblanco Alimentación S.L. Es decir, una empresa distinta, aunque también propiedad de Arturo Fernández.

El citado informe de los servicios jurídicos del Congreso señala que la Cámara Baja esperará a que se produzca una sentencia judicial firme o, al menos, un acto suficiente de la autoridad administrativa competente, para plantearse la resolución del contrato del servicio de cafetería y restauración con el Grupo Cantoblanco que dirige el número 2 de la CEOE, Arturo Fernández.

Si se constatara un incumplimiento por parte del Grupo Cantoblanco de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, se rescindiría el contrato.

En el informe se recogen las denuncias por parte de los trabajadores del Grupo Cantoblanco Alimentación de la existencia de irregularidades en los pagos, entre ellos la no formalización del pago de las horas extraordinarias, con el correspondiente fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria.

Los servicios jurídicos del Congreso recuerdan también que el actual contrato con la empresa de Arturo Fernández se encuentra en fase de prórroga, la cual finaliza en septiembre de este año. En este sentido añaden que la Secretaría General de la Cámara ha iniciado ya las gestiones oportunas para sacar a concurso un nuevo procedimiento.

Los servicios jurídicos aseguran también que no han tenido conocimiento formal de queja alguna por parte de los empleados que prestan servicios en la Cámara Baja.

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