El Defensor del Pueblo denuncia los retrasos para cubrir las bajas de profesores

El informe anual del Defensor del Pueblo alerta sobre "las consecuencias negativas y, en ocasiones, difícilmente reparables" de los recortes educativos que prohíben sustituir a un profesor enfermo durante los primeros diez días lectivos de la baja. Los directores de instituto aseguran que esta circunstancia impedirá a muchos alumnos poder completar todo el temario previsto a final de curso.

Se trata de una de las principales quejas en materia educativa que recoge el informe anual del Defensor del Pueblo que habla de retrasos como práctica usual y especialmente acentuada en Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid. Las denuncias proceden de la decisión del ministerio de Educación de prohibir la sustitución de los docentes de baja durante los primeros diez días lectivos (dos semanas naturales de clase) para ahorrarse dinero. Sin embargo, tal y como recoge el Defensor del Pueblo, al perjuicio de no tener profesor durante esos primeros diez días se suma el retraso burocrático añadido que prolonga ese plazo durante varias semanas más hasta que la sustitución se hace efectiva.

Según denuncia la Federación de Directores de Instituto (FEDADI) el problema, que en muchos casos puede suponer hasta un mes sin profesor de Matemáticas o de Lengua, se viene registrando desde el inicio de curso pero es ahora, en el arranque del tramo final del curso, cuando se hace especialmente acuciante. "Uno de los efectos más perniciosos de los recortes es que ésa pérdida de clases va a provocar que, en muchos casos, no se pueda impartir todo el temario previsto a final de curso, y que los alumnos que han sufrido ese fenómeno de bajas no cubiertas, estén en desventaja", señala Vicent Baggeto, vicepresidente de FEDADI. "Y es algo especialmente preocupante en cursos de final de etapa, sobre todo en el caso de los alumnos de segundo curso de Bachillerato que deben enfrentarse a la Selectividad en junio".

El Defensor del Pueblo insta a las administraciones a garantizar una atención educativa suficiente a los alumnos, impidiendo perjuicios adicionales por la aplicación de las medidas de recorte.