La Audiencia Nacional investigará finalmente la trama de tráfico de las células madre
Tratamiento de células madre(EFE)
El Tribunal Supremo ha declarado competente a la Audiencia Nacional para investigar una supuesta trama de tráfico de células madre que habría estafado a más de cuatrocientas personas y que fue destapada en marzo de 2012. La Sala de lo Penal opina que el caso debe recalar en la Audiencia Nacional ya que indiciariamente se habrían visto afectadas más de 400 personas en al menos ocho provincias distintas.
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La Audiencia Nacional será quien finalmente investigue la trama de tráfico de células madre que estafó a más de 400 personas con falsas extracciones de sangre de cordón umbilical. La Sala de lo Penal ha resuelto el conflicto de competencia planteado por un juzgado de Alicante y ha señalado que deberá ser el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional quien investigue los hechos.
Los hechos investigados involucran una trama de tráfico de células madre, en la que los estafadores ofrecían servicios presuntamente falsos de extracción de sangre del cordón umbilical, así como la posterior congelación de las muestras en laboratorios repartidos por distintos países. El banco al que habían pagado para almacenar la sangre de cordón umbilical no existía.
Según las pesquisas de los investigadores, más de 400 personas se habrían visto afectadas por esta supuesta estafa, con más de 600 extracciones fraudulentas practicadas en, por lo menos, ocho provincias españolas. La justicia calcula que los estafadores se habrían hecho con más de 750.000 euros con este método, cobrando cantidades de entre 1.800 y 2.500 euros a cada familia.
El caso recalará finalmente, por tanto, en la mesa del juez Eloy Velasco en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, después de que el Tribunal Supremo haya resuelto el conflicto de competencia. Fue la Audiencia Provincial de Alicante, una de las ocho en las que se han presentado denuncias por este caso, quien solicitó que fuera la Audiencia Nacional quien se encargara de investigar el caso.
En su auto, la Sala de lo Penal opina que se cumplen los requisitos para otorgar la competencia a la Audiencia Nacional. Aluden los magistrados del Tribunal Supremo a las más de 400 denuncias, las más de 600 extracciones realizadas y al hecho de que afecta a, como mínimo, ocho provincias españolas además de sus posibles conexiones con el extranjero.
Unos argumentos que apoya la Fiscalía, que pidió que el asunto terminara en la mesa del Juzgado Central de Instrucción nº 6 atendiendo al número de víctimas potenciales, denunciantes y las posibles conexiones extranjeras. Unos elementos que según el Ministerio Público "determinan una complejidad en la investigación que resultará más abordable por una jurisdicción con competencia nacional".
