La Casa Real y el Gobierno llegan a un acuerdo para ser incluida en la ley de Transparencia

La Casa Real ha accedido a ser incluida en la nueva ley de Transparencia, algo que, según una fuente de la Zarzuela, daría a la opinión pública un acceso sin precedentes a la información sobre sus gastos y actividades.

La Casa del Rey mantiene conversaciones desde hace "dos meses" con el Gobierno para estudiar la forma de incluir a esta institución en el ámbito de competencias de la nueva Ley de Transparencia. Así lo ha confirmadopúblicamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que también ha añadido que el diálogo se ha abierto a petición de Zarzuela.

La norma, en trámite parlamentario desde el pasado mes de septiembre, pretende regular el acceso de los ciudadanos a la información de las Administraciones Públicas y establece un catálogo de principios éticos, con infracciones y sanciones en caso de incumplimiento para miembros del Gobierno y altos cargos públicos.

Una decisión que llega cuando la Corona, la institución tradicionalmente más respetada por los españoles, se ha visto implicada en un escándalo de corrupción que ha dañado su imagen en un momento en el que los españoles de a pie bregan con una profunda crisis económica.

La vicepresidenta ha indicado que fue la propia Casa Real la que pidió incorporarse a la Ley de Transparencia después de que el Congreso de los Diputados aprobase en el Debate sobre el estado de la Nación una resolución para que se incluyese a todas las administraciones públicas que reciben fondos públicos.

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La 'número dos' del Gobierno ha explicado que la Casa Real tiene la particularidad de que no es administración pública sino un órgano del Estado, por tanto, más que entrar en esa ley se buscará un tratamiento específico pero en la misma línea.

La norma, además de otras resoluciones que el PP ha enviado a la Cámara Baja, propone una mayor regulación de las declaraciones fiscales, activos y actividades de los empleados públicos y mayores penas para los casos de corrupción y más auditorías de fundaciones, sindicatos y cámaras empresariales que reciben financiación pública.

El miércoles, el juez instructor de Palma de Mallorca José Castro imputó a la hija menor del rey Juan Carlos, la infanta Cristina, por indicios de complicidad con las actividades de su marido, Iñaki Urdangarin, acusado de enriquecerse ilícitamente desviando unos seis millones de euros de dinero público a través de una fundación sin ánimo de lucro.

Hasta ahora, el grupo parlamentario popular había apuntado que bajo la nueva Ley de Transparencia podrían quedar los recursos públicos que emplean diversos ministerios, como Interior o Exteriores, al servicio de la Casa del Rey. En este sentido, el PP recordaba que la Constitución establece que el Rey "distribuye libremente" la cantidad que recibe de Presupuestos Generales del Estado "para el sostenimiento de su familia y Casa".