Hacinamiento, tensión y violencia en los centros de retención de extranjeros

A pesar de las advertencias de la ONU y la Defensora del Pueblo la situación de los CIE sigue siendo inhumana. La muerte de 2 personas en los centros de internamiento de Madrid y Barcelona no ha sido suficiente al parecer para que el Ministerio del Interior mejore las condiciones de los CIE que no han cambiado en nada en el último año. Es la denuncia de la ONG Pueblos Unidos que por tercer año critica al gobierno por criminalizar a la población de estos centros y no respetar sus derechos fundamentales. Han documentado palizas e insultos racistas, el encierro de menores, mujeres embarazadas, víctimas de trata o enfermos de cáncer. La mayoría de las personas que pasa por estos centros es detenida por la policía simplemente por no tener papeles, en las famosas redadas, y sólo el 27 por ciento tenía algún tipo de antecedente penal.

Ni la muerte de Samba Martine( a la que Pueblos Unidos dedica este informe), la joven congoleña que falleció en el CIE de Aluche a finales de 2011, después de una deficiente atención médica, ha hecho que el Ministerio del Interior mejore las condiciones de la atención sanitaria que se realiza en estos polémicos centros de retención. De hecho, sólo en Madrid, Pueblos Unidos ha constatado el internamiento de 24 personas con enfermedades mentales o físicas, algunas de ellas incluso con cáncer. Cristina Manzanedo subraya como la muerte de Samba Martine en el CIE de Aluche no ha servido para que el Ministerio del Interior tome medidas "a pesar de esta muerte y de lo que había detrás ni las condiciones han mejorado ni hay un desarrollo de la atención médica en el proyecto de reglamento que elabora el Ministerio del Interior ¿ ha servido de algo? ¿ha cambiado esta muerte algo? no ha cambiado nada" sentencia la abogada. De hecho, en esta edición del Informe de Pueblos Unidos se analiza también el borrador del reglamento para el funcionamiento de estos centros que elabora el Ministerio del Interior y que acumula ya más de 2 años de retraso " supone un paso atrás en el régimen de visitas, controla las quejas de los internos que ya no se podrán dirigir directamente al juez de control de cada centro , prevé la posibilidad de privatización de la seguridad y tampoco mejora la atención sanitaria" señala la ONG.

Las condiciones siguen siendo lamentables y vuelven a repetirse denuncias de maltrato y racismo policial a las que ha puesto testimonio Robertulio un joven colombiano que llegó a España a través de la reagrupación familiar ya que toda su familia vive hace años en España con toda la documentación en regla. Al cumplir la mayoría de edad se quedó en situación administrativa irregular. A pesar de tener un niño a su cargo( por el CIE de Aluche pasaron el año 2012 otras 56 personas con hijos a su cargo y de ellos 11 eran menores españoles)y del sólido arraigo que podía demostrar en León, fue detenido en una redada de la policía a la salida de una discoteca y por no llevar la documentación encima acabó en menos de 24 horas en el centro de detención madrileño" por megafonía los llamaban mono, te mentan a tu madre, a tu familia, te ponen sonidos de monos por los altavoces y a uno de ellos se lo llevaron a otro cuarto y con una porra forrada por una especie de toalla para no dejar marcas en la piel le dieron una paliza". En todo caso, Cristina Manzanedo, la coordinadora jurídica del informe, subraya que no se trata de hacer una denuncia general a toda la policía pero "hay casos más que documentados, relatos sólidos y desde Interior no se investiga lo suficiente". La mayoría de los internos procede son originarios por este orden de Bolivia, Ecuador, Argelia, Marruecos y Senegal.

Pueblos Unidos denuncia en este tercer informe consecutivo sobre los CIE , titulado este año " atrapados tras las rejas", la evidencia de que la amplia mayoría de los inmigrantes son recluidos en los CIE por la policía por mera estancia irregular. Casi el 70 por ciento suele acabar en un CIE tras ser detenido por la policía en una de las identificaciones raciales que suele hacer en estaciones de metro o autobuses. Sólo el 27 por ciento de los que pasan por estos centros tiene antecedentes penales según ha constatado en sus visitas diarias al CIE esta ONG, un dato radicalmente contrario al del Ministerio del Interior que aseguró que el 87 por ciento de las expulsiones de extranjeros en 2012 fueron por la comisión de delitos.

"Hay un uso excesivo del internamiento, habría que reducir de manera significativa el número personas internadas. Si se reduce ese volumen de internos se puede gestionar de otra manera porque el asunto tiene que ver con la saturación y con el número y eso lleva a mayor hacinamiento, mayor tensión y mayor violencia, a una sistema que es más represivo " lamenta el director de la ONG Daniel Izuzquiza para argumentar que la medida" de la privación de la libertad, que aparece en la ley como el último recurso" se aplica en España de manera generalizada.

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En el CIE de Barcelona, que por primera vez se analiza en este informe, se dificulta incluso el acceso a las ONG, cuyos voluntarios y abogados hacen las visitas a los internos en el turno abierto a familiares y amigos de los internos. Naciones Unidas o el Defensor del Pueblo vienen denunciando las condiciones de estos centros desde hace más de una década.