15-J por el cierre de "las cárceles para inmigrantes"

Denuncias por maltrato y racismo policial, 2 muertes por la deficiente atención sanitaria, internos con cáncer, intentos de suicidio, las ONG que trabajan para asistir a los extranjeros que son encerrados a diario en los polémicos CIE se unen este 15J para reclamar el cierre de estos centros señalados " como un agujero negro para los derechos humanos". En España existen 8 CIES, la mayoría ubicados en antiguas prisiones o cuarteles militares con capacidad para 2500 personas. De media, cada mes, son encerrados unos 1000 inmigrantes. Sólo en Aluche, en Madrid, retuvieron en 2012 a 3060 extranjeros, la mayoría por mera estancia irregular, es decir tras ser detenidos por la policía en las polémicas redadas racistas en una estación de metro o en cualquier calle. Hace unos días, en su último informe, el relator especial de la ONU contra el racismo y la xenofobia Mutuma Ruteere, criticaba a España por las condiciones de los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y por seguir encerrando a los inmigrantes simplemente por carecer de documentación cuando la privación de libertad debería ser la última opción como recoge la propia legislación española.

El Ministerio del Interior no suele dar los datos de los extranjeros que encierra en las también llamadas "cárceles para inmigrantes" pero la Dirección General de la Policía ha ofrecido este balance al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, (Defensor del Pueblo) en el que se detallan las estadísticas en lo que se refiere a 2012. El de Algeciras fue el CIE con mayor ocupación el año pasado con 3.262 residentes, Barcelona, 1.933 Madrid llegó a 3.060, por el de Málaga pasaron 190, en Murcia fueron 1.300, en Valencia 1.205, en Las Palmas 272 y en Tenerife, 140 inmigrantes, todos con una orden de expulsión a lo largo del año pasado.

Según diversos informes de ONG, que trabajan para asistir jurídicamente a los extranjeros que pasan por estos centros, el 40 por ciento de los internos de los CIE son originarios del áfrica subsahariana y el 30 por ciento de América Latina. La comisión Europea, el defensor del Pueblo, Naciones unidas y numerosas organizaciones no gubernamentales como Pueblos Unidos denuncian que las condiciones siguen siendo lamentables, abundan las denuncias de maltrato y racismo policial y achacan a la deficiente atención sanitaria la muerte de dos jóvenes, uno en Barcelona, Idrissa Diallo de Guinea Conakry en enero de 2012 tras ser trasladado del CIE al hospital por una insuficiencia cardíaca y otra en Aluche, Samba Martine, una congoleña de 34 años que pidió 10 veces asistencia médica en el CIE de Madrid sin que nadie le diagnosticara el cuadro de VIH avanzado que le acabó causando la muerte , a pesar de que ya se lo habían detectado en el CETI de Melilla, pero no se lo comunicaron al servicio médico del CIE de Madrid y acabó falleciendo el 19 de diciembre de 2011 en ese frío centro de Aluche.

En el último informe de la ONG jesuita Pueblos Unidos que prestan asistencia diaria en el CIE madrileño, las condiciones siguen siendo lamentables y vuelven a repetirse denuncias de maltrato y racismo policial a las que ha puesto testimonio Robertulio un joven colombiano que llegó a España a través de la reagrupación familiar ya que toda su familia vive hace años en España con toda la documentación en regla. Al cumplir la mayoría de edad se quedó en situación administrativa irregular. A pesar de tener un niño a su cargo (por el CIE de Aluche pasaron el año 2012 otras 56 personas con hijos a su cargo y de ellos 11 eran menores españoles) y del sólido arraigo que podía demostrar en León, fue detenido en una redada de la policía a la salida de una discoteca y por no llevar la documentación encima acabó en menos de 24 horas en el centro de detención madrileño. "Por megafonía los llamaban mono, te mentan a tu madre, a tu familia, te ponen sonidos de monos por los altavoces y a uno de ellos se lo llevaron a otro cuarto y con una porra forrada por una especie de toalla para no dejar marcas en la piel le dieron una paliza". En todo caso, Cristina Manzanedo, la coordinadora jurídica del informe, subraya que no se trata de hacer una denuncia general a toda la policía pero "hay casos más que documentados, relatos sólidos y desde Interior no se investiga lo suficiente". La mayoría de los internos procede son originarios por este orden de Bolivia, Ecuador, Argelia, Marruecos y Senegal.

Pueblos Unidos denunció en su tercer informe consecutivo sobre los CIE, titulado este año " atrapados tras las rejas", la evidencia de que la amplia mayoría de los inmigrantes son recluidos en los CIE por la policía por mera estancia irregular. Casi el 70 por ciento suele acabar en un CIE tras ser detenido por la policía en una de las identificaciones raciales que suele hacer en estaciones de metro o autobuses. Sólo el 27 por ciento de los que pasan por estos centros tiene antecedentes penales según ha constatado en sus visitas diarias al CIE esta ONG, un dato radicalmente contrario al del Ministerio del Interior que aseguró que el 87 por ciento de las expulsiones de extranjeros en 2012 fueron por la comisión de delitos.

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"Hay un uso excesivo del internamiento, habría que reducir de manera significativa el número personas internadas. Si se reduce ese volumen de internos se puede gestionar de otra manera porque el asunto tiene que ver con la saturación y con el número y eso lleva a mayor hacinamiento, mayor tensión y mayor violencia, a una sistema que es más represivo "lamenta el director de la ONG Daniel Izuzquiza para argumentar que la medida" de la privación de la libertad, que aparece en la ley como el último recurso" se aplica en España de manera generalizada.

La ONU vuelve a criticar al gobierno español

En el último informe del relator especial de la ONU contra el racismo y la xenofobia Mutuma Ruteere, fechado el 6 de junio en Ginebra, se critica a España por las condiciones de los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y por seguir encerrando a los inmigrantes simplemente por carecer de documentación cuando la privación de libertad debería ser la última opción como recoge la propia legislación española.

El Relator Especial recomienda "que el Gobierno emprenda medidas para acabar con las redadas por perfil étnico y racial y reforzar el marco legal". Además, sobre los CIE él recomienda a España que cualquier "herida sufrida por los migrantes en los CIES sea documentada según informes detallados médicos, y que los casos de maltrato, tortura o muerte deben ser investigados, procesados y suficientemente sancionados. El acceso al juez de vigilancia de los CIE debería estar garantizado" y en su amplio informe, que resumen su visita a España en el mes de enero pasado, también recuerda al Gobierno que sería necesario "un acercamiento de género. En cuanto a esto, la situación de mujeres migrantes detenidas en CIES debería ser supervisada con la atención especial a la presencia de las víctimas potenciales de tráfico o trata".

En la misma línea que ONG españolas y destacados juristas en activo o en universidades, el Relator Especial recuerda que los Estados "están obligados a considerar medidas alternativas antes del recurso a la detención, para no violar el derecho a la libertad y la seguridad de la persona. La detención por motivos de inmigración nunca debería ser obligatoria o automática. Según las normas de derechos humanos internacionales, esto debería ser una medida de último recurso, sólo permitido para el período más corto de tiempo y cuando la medida menos restrictiva no está disponible".

A todo esto, el Ministerio del Interior sigue sin concluir el reglamento sobre el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros aunque los borradores conocidos por las ONG no mejoran en nada estas condiciones denunciadas en los informes citados.