Martes, 30 de Noviembre de 2021

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El Poder Judicial considera "necesario" reforzar los juzgados con casos de corrupción

El servicio de inspección emite un informe preliminar sobre las necesidades de jueces, secretarios judiciales y funcionarios que en ningún caso podrán imponer

El Consejo General del Poder Judicial ha hecho público el informe preliminar sobre las necesidades de los casi 800 juzgados que investigan los casi 2.200 asuntos de especial complejidad, la mayor parte de ellos relacionados con la corrupción. El órgano de gobierno de los jueces propone, a través de sus servicio de inspección, la incorporación de 64 jueces, 18 secretarios judiciales y 150 funcionarios. Por Comunidades Autónomas, Andalucía, Valencia y Barcelona copan los primeros puestos en las investigaciones sobre estos asuntos.

El Poder Judicial constata en su informe preliminar que la Justicia no cuenta con los medios suficientes para luchar contra la corrupción. El servicio de inspección ha sumado un total de 798 juzgados que tramitan 2.173 causas de especial complejidad. De ellas, 1.661 están relacionadas con la corrupción y 302 de estas últimas se han constituido en macroprocesos como el caso Gürtel, el Caso Nóos o el caso de los ERE de Andalucía. Por Comunidades Autónomas, la palma se la llevan Andalucía, con 656 sumarios de especial complejidad abiertos; Valencia con 280; y Cataluña con 215. La Audiencia Nacional instruye 91 sumarios.

Causas del retraso en las investigaciones

Ante este diagnóstico, la portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha dicho que es "absolutamente necesario" reforzar estos órganos judiciales con 64 jueces, 18 secretarios judiciales y 150 funcionarios. Un total de 232 refuerzos que no se pueden imponer sin que los interesados los soliciten. A ello hay que sumar, para luchar más eficazmente contra la corrupción, el anuncio que ha hecho Bravo de que la importancia de poner en marcha "gestiones con Interior y Hacienda para que la Agencia Tributaria, la UDEF y la UDYCO agilicen los trabajos que le encomiendan los tribunales españoles" y que incide directamente en el retraso de las investigaciones, aunque el Poder Judicial también lo achaca "a la falta de medios personales y materiales en estas unidades".

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