Amnistía denuncia que los recortes en sanidad son "una violación de los derechos humanos"
Durante la presentación de su informe anual, Amnistía Internacional muestra su preocupación por las consecuencias de las políticas de austeridad
El panorama de los derechos humanos en el mundo no es "alentador" en palabras de Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de AI España. Según se recoge en el Informe Anual de la organización, el año pasado hubo malos tratos y torturas en 112 países, en 101 países se reprimió la libertad de expresión, 80 países llevaron a cabo juicios injustos y en 57 países, hubo presos de conciencia.
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Especialmente preocupante es, según Amnistía Internacional, la situación de los 15 millones de refugiados y 43 millones de desplazados internos que hay en el mundo. "Para todas estas personas el mundo es un lugar más peligroso, se les priva de sus derechos y todo ello en medio de una retórica populista que alienta la discriminación y los prejuicios y de un discurso que pone la soberanía de los Estados como excusa para no actuar ante las violaciones de los derechos humanos - dice Suárez-Llanos.
Esa utilización del concepto de soberanía según interesa es lo que ha hecho que Europa se vuelva también más peligrosa, asegura Esteban Beltrán, director de la Sección Española de AI. "Por ejemplo, los gobiernos nacionales utilizan la excusa de que las medias de austeridad son responsabilidad de la UE, sin asumir sus propias obligaciones sobre el impacto que estas medidas tienen sobre el derechos a la salud, a la educación o a la vivienda".
Es más, algunos gobiernos han desarrollado medidas que les afectan especialmente y restringen derechos: en España ahora se cumple un año de la adopción del Real Decreto ley que limita el acceso a la asistencia sanitaria gratuita a personas inmigrantes mayores de edad en situación administrativa irregular. Esto no es un recorte, esto es una violación de derechos Humanos"- subraya Beltrán.
Amnistía Internacional ha anunciado que va a promover una reforma constitucional para el derecho a la vivienda sea considerado un derecho fundamental. A medio plazo, AI propone otras medidas como que este derecho sea recogido en una ley como se ha hecho en Francia o que los tribunales apliquen el Protocolo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que España ratificó en 2010 y que entró en vigor el pasado 5 de mayo. De esta forma, según Esteban Beltrán, el acceso a la salud o el derecho a una vivienda puede plantear ante los tribunales "con mayor facilidad".
