Maneras de afrontar los desahucios
Los gobiernos autonómicos y locales buscan aplicar soluciones contra los lanzamientos y contra las consecuencias que suponen
Sí se puede, pero no quieren. Un grito que se ha hecho popular en voz de los afectados por los desahucios y los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y si pueden, ¿qué están haciendo? Más allá de la ley hipotecaria, las comunidades autónomas y las administraciones locales están optando por diferentes medidas contra un problema que, durante 2012, provocó un desahucio cada cuarto de hora.
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El caso más llamativo es el de Andalucía, donde la Junta decidió en abril expropiar temporalmente las viviendas a las entidades financieras para evitar los desahucios. Una norma a la que también se ha apuntado Canarias, que está ultimando los detalles. Su presidente, Paulino Rivero, lo explicaba el viernes en Hoy por hoy: "Para todas aquellas viviendas donde se han producido desahucios y están en propiedad de las entidades financieras, tener la posibilidad de expropiar la ocupación para los próximos tres años pagando el precio correspondiente".
Entre las comunidades autónomas que han firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial están Galicia, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, mientras que Aragón lo está ultimando. Mediante ese tipo de acuerdo, los jueces, antes de ejecutar el desahucio, pueden informar a las administraciones locales y autonómicas sobre la situación del afectado, para detectar casos de especial vulnerabilidad. El Ayuntamiento de Barcelona también suscribió un protocolo similar con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El decano de los jueces de Bilbao, Alfonso González-Guija explica el protocolo vasco: "Desde el momento en que los juzgados tenemos constancia de una ejecución hipotecaria de alguien que está en una situación de exclusión social, dramática, etc. ponerla en cuanto antes de los servicios sociales para evitar la situación de ver a la familia en la calle".
En otras Comunidades, como La Rioja o Asturias, se han puesto a disposición de los desahuciados parques de viviendas sociales. La inciaitiva ha partido en algunos casos de la judicatura. Por ejemplo en Castilla y León, donde los jueces de Burgos han frenado desahucios o los de Cantabria, donde se han comprometido a estudiar caso por caso las posibles cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios. En Toledo, los jueces ampliaron el plazo para presentar alegaciones.
En Murcia, el Ayuntamiento de Molina de Segura ha sido el primero en formar una comisión de desahucios, formada por el Consistorio, los sindicatos y varias organizaciones sociales. En definitiva, las medidas se extienden por toda España. Unas más contundentes y otras menos. Unas intentando frenar los procesos, y otras intentando dar soluciones a las consecuencias que trae un desahucio
