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El Senado da luz verde a la ley antidesahucios del PP sin ninguna modificación

El presidente del Senado ordena el desalojo de una veintena de afectados por las hipotecas que siguió el debate y la votación

El Pleno del Senado ha abordado el debate y la votación de la ley para proteger a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. La norma ha salido adelante con los votos del Partido Popular, a pesar de que la oposición había presentado 275 enmiendas y 3 vetos. La ley ha quedado aprobada definitivamente, sin ningún cambio en el texto, el mismo que salió de la comisión de Economía del Congreso a mediados de abril. Ahora pasará directamente (sin volver a la Cámara Baja) a publicarse en el BOE. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) critica que esta ley es una "bolsa de aire fresco" para las entidades financieras y retrasa "la inevitable" reforma hipotecaria.

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El Senado ha acabado con el recorrido parlamentario de una ley que pretende frenar los desahucios y dar salida a las familias que no pueden pagar sus hipotecas. Sin embargo, ofrece soluciones que sólo cuentan con el apoyo del PP y a las que han dado la espalda la oposición, los afectados y buena parte de la ciudadanía al considerar que no serán efectivas.

La próxima ley antidesahucios contempla la renegociación de la hipoteca, la suspensión de los desalojos durante dos años y la posibilidad (última) de la dación de la vivienda en pago de la deuda para aquellas familias que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad social. Para formar parte de este colectivo es necesario cumplir un conjunto de requisitos que ha sido denostado por la oposición por su difícil calado en la práctica.

Así, los ingresos familiares no podrán superar los 1.597 euros mensuales (tres veces el IPREM) y la cuota hipotecaria deberá suponer al menos el 50% de esa renta. Además, la ley no protegerá a cualquier familia, sino que tendrá que ser numerosa, o tratarse de una unidad monoparental con dos hijos, o una unidad familiar con un menor de tres años, entre otros casos.

Asimismo, en el texto se contempla la ampliación de 1 a 3 meses el plazo de impago de la hipoteca antes de iniciarse la ejecución. Se limitan los intereses de demora a 3 veces el interés legal del dinero (fijado este año en el 4%) y queda en manos del juez la paralización del proceso de ejecución en caso de que detecte cláusulas abusivas (con esto, el PP ha dado por adoptada la sentencia europea que tumbó la ley hipotecaria española). A su vez, se establece una quita del 35% a la deuda total cuando se pague el resto en un plazo de 5 años y del 20% si se abona lo demás en un máximo 10 años.

El presidente del Senado ha ordenado el desalojo de una veintena de afectados por las hipotecas que siguió el debate y la votación. Gritaron 'Sí se puede' cuando Pío García Escudero dijo que la ley antidesahucios quedaba definitivamente aprobada y sacaron pancartas que decían 'No más muertes'.

Iniciativa Legislativa Popular

Lejos del contenido de la ley queda la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios, a favor de la dación en pago y del alquiler social que contó con el apoyo de casi un millón y medio de firmas y que el Pleno del Congreso aceptó discutir a principios de febrero por 334 votos a favor, prácticamente la totalidad de los diputados presentes en el hemiciclo. Fue clave el cambio de postura del PP, que aquella misma mañana anunciaba que votaría en contra.

Tras esto, se fundió el contenido de la ILP con la propuesta del Gobierno en materia de desahucios que verá la luz hoy, aunque las demandas de mínimos de la iniciativa ciudadana prácticamente desaparecen del texto normativo.

La PAH, promotora de la ILP, ha lamentado este miércoles en un comunicado que la ley que pretende sacar adelante el Senado es "una bolsa de aire fresco" para las entidades financieras y retrasa "la inevitable" reforma hipotecaria. "Con la decisión de aprobar esta reforma hipotecaria, el Gobierno del Partido Popular obliga a la ciudadanía, a las plataformas de afectados por la hipoteca, tal y como lo hizo el Gobierno anterior del PSOE, a continuar e intensificar la autotutela de derechos", señala la PAH.

 
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