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Lunes, 14 de Octubre de 2019

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El juez atribuye delitos con pena de cárcel a Camps y Barberá

José Castro eleva una exposición razonada al Tribunal de Justicia de Valencia para que investigue al expresident y a la alcaldesa por falsedad, prevaricación, malversación y fraude por sus contratos con Urdangarin

El juez que investiga el fraude del Instituto Nóos ha remitido al Tribunal de Justicia de Valencia una exposición razonada para que investigue al expresident Francisco Camps y a la alcaldesa Rita Barberá por los negocios de esta entidad sin ánimo de lucro con la administración pública valenciana. José Castro atribuye a los dirigentes populares los presuntos delitos de falsedad en documento oficial, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración al entender que tuvieron una participación "activa" en actuaciones de apariencia delictiva.

El juez que investiga los contratos del Instituto Nóos con la administración pública valenciana ha elevado exposición razonada al tribunal de justicia de Valencia para que investigue a Francisco Camps y a Rita Barberá. José Castro les atribuye los presuntos delitos de falsedad en documento oficial, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración al entender que ambos participaron "activamente" en las adjudicaciones a esta entidad sin ánimo de lucro. Los dos primeros delitos conllevan penas de cárcel.

Castro sostiene que los contratos en Valencia de Nóos se adjudicaron "a dedo, al margen del procedimiento administrativo y orillando por completo normas sobre las contrataciones públicas" en reuniones mantenidas por Iñaki Urdangarin y Diego Torres con los aforados. Alguna de ellas en el Palacio de la Zarzuela "para mayor impacto psicológico hacia las autoridades valencianas".

Estos contratos, según la exposición razonada, "fueron actos meramente voluntaristas que no obedecían al interés general si no sólo al deseo de doblegarse a las exigencias de Urdangarin en atención a su parentesco con la casa del Rey". Para ello, añade, "se buscan objetivos de aparente utilidad pública y se pretende dar un ropaje jurídico a un encargo que ya estaba adjudicado".

El juez recuerda que "la influencia de Urdangarin en la Generalitat Valenciana llegaba hasta el punto de hacer desplazar a su encuentro a todo un vicepresidente y una consellera y que este proceder tiene mucho que ver con un acceso privilegiado a las contrataciones públicas compatible con un similar apartamiento de las leyes que las regulan"

El caso de los Juegos Europeos

José Castro asegura que en el convenio de los juegos europeos "se prescindió de manera descarada de los principios de concurrencia y publicidad para ser sustituidos por los de amiguismo y oficiosidad", dada la sorprendente celeridad con la que se tramitó el expediente "en la medida en que en tan sólo tres días consecutivos navideños, lo que no es un impedimento jurídico pero si una no muy usual práctica, distintos ámbitos administrativos perfectamente sincronizados aprobaron un convenio de colaboración por importe de seis millones de euros difícilmente conciliable con la serenidad y profundidad con la que se deben abordar cuestiones de tal importancia".

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