Decenas de miles de becarios recuperan el derecho a cotizar
Una sentencia del Supremo obliga a las empresas a aportar a la Seguridad Social por los participantes en programas vinculados a estudios universitarios o de FP
Las decenas de miles de becarios que hacen prácticas remuneradas vinculadas a sus estudios (universitarios o de Formación Profesional) en empresas o instituciones volverán a las cuentas de la Seguridad Social. Una Sentencia del Tribunal Supremo anula un decreto que restringía las obligaciones de cotización por este colectivo, así que a partir de ahora las empresas y organizaciones en las que estas personas hacen prácticas tendrán que volver a cotizar por ellas. Así, los becarios empezarán a generar derecho a pensiones de jubilación, a las prestaciones por incapacidad temporal, invalidez... el único derecho que no generarán con esta fórmula es el derecho a cobrar el paro.
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La cotización de los becarios tiene una historia accidentada: el gobierno de Zapatero fue el que obligó a las empresas a cotizar por primera vez por ellos, a partir de noviembre de 2011, e instantáneamente fueron dadas de alta 41.000 personas de este colectivo. Pero apenas unas semanas después el gobierno socialista rectificaba, y retiraba el carácter obligatorio de la cotización por los becarios cuyas prácticas remuneradas estuviesen vinculadas a estudios universitarios o de FP. Lo que la sentencia del Tribunal Supremo hace ahora es anular esa segunda decisión, restaurando el derecho a cotizar de los becarios.
La sentencia es fruto de un recurso de Comisiones Obreras (CCOO), que celebra en un comunicado la decisión del tribunal: "los más de dos millones de estudiantes universitarios y de formación profesional [potencialmente beneficiados, porque tienen la posibilidad de hacer esas prácticas] vuelven a contar con un derecho [...] que, por una actuación arbitraria e injustificada del Gobierno, había visto limitado su ejercicio de forma extraordinaria", asegura el sindicato.
El Gobierno tiene la última palabra
Con la sentencia, las empresas y organizaciones que pagan a estos becarios tienen la obligación de darles de alta en la Seguridad Social. Pagarán por ellos unos 35 euros al mes, y esa cantidad dará derecho a los becarios a empezar a generar derechos casi como los asalariados convencionales: estarán cotizando para tener acceso a prestaciones de jubilación, invalidez, incapacidad temporal por contingencias comunes y profesionales, y formación profesional. La gran diferencia con el trabajador convencional es que los becarios no cotizan por desempleo, y por ello tampoco generan derecho a una prestación en el caso de quedarse en el paro. Los becarios, por su parte, aportarán unos 6 euros al mes en concepto de cotización.
La sentencia del Supremo no va contra el fondo del decreto, sino contra la forma (dice que el decreto no se consultó con el Consejo de Estado, algo obligatorio) así que la pelota queda en el tejado del Gobierno: si quiere, puede volver a aprobar el decreto, lo que volvería a restringir inmediatamente los derechos de los becarios. Empleo sólo dice de momento que analizará la sentencia, aunque hay que recordar que sus actuales responsables siempre han sido favorables a la cotización de los becarios. Por otro lado, ahora se abre la puerta a que haya becarios que reclamen las cotizaciones en el periodo de más de un año en el que han estado sin cotizar. La Seguridad Social y en su caso los tribunales tendrán que analizarlo y darle solución.
No hay un registro de cuántos becarios hay ahora mismo desempeñando labores en las empresas e instituciones del país, y por tanto no se sabe a ciencia cierta cuántas personas recuperan inmediatamente el derecho a cotizar, pero las estimaciones de CCOO sitúan la cifra entre las 100.000 y las 200.000 personas.
