María Jesús Montero: "Seguiremos adelante con la subasta de medicamentos"

La consejera de salud de la Junta tiene claro que la enmienda está dedicada a Andalucía: "Va en contra de la subasta de medicamentos, de hecho en su justificación dice, claramente, que lo que se pretende es frenar las iniciativas que las comunidades autónomas están desarrollando para bajar el gasto farmacéutico. Pero no lo van a conseguir. El redactado de la enmienda no consigue frenar el fundamento jurídico del gobierno de Andalucía para poner en marcha las subastas. Por tanto aunque se apruebe vamos a poder encontrar un resquicio para seguir desarrollando una política que ahorra a las arcas públicas unos doscientos millones de euros.

Andalucía, por tanto, tiene la intención de seguir adelante con la subasta "si se mantiene el redactado conforme está en la enmienda", dice Montero, "se podría mantener la subasta hasta que, finalmente el Tribunal Constitucional se pronuncie y haya un dictamen definitivo". Y es que el Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del conflicto "lo que hizo fue levantar la suspensión cautelar argumentando que atentaba contra la igualdad en el acceso de los medicamentos, por parte de los ciudadanos de Andalucía; y en segundo lugar porque entendía que el perjuicio económico podría ser irreparable. El ahorro está en 220 millones de euros.

Respecto a las amenazas, que recibieron por parte del gobierno, las farmacéuticas que mostraron interés en presentarse a la subasta dice Montero: "Se han seguido produciendo. Porque el PP, que tanto defiende la competencia de libre mercado, no la practica cuando afecta a los intereses de las grandes multinacionales. Lo que provocaron estas amenazas es que muchos de los laboratorios no se presentaron a la subasta por el miedo a que se produjera una bajada de precios en todo el territorio. Como así sucedió. De hecho los laboratorios que sí se presentaron a la subasta porque entendieron que, conseguir el mercado andaluz les permitía la consiguiente bajada de precios en todo el estado.

La consejera no cree que esto se trate de un conflicto político entre dos partidos "que tienen derecho a discrepar en la forma de hacer las cosas". Esto, asegura, "es parte de un pacto previo del gobierno de España para intentar proteger los intereses de la industria farmacéutica". Con la política de bajada de precios de los medicamentos, por parte del Ministerio de Sanidad, "el gobierno se compromete con la industria a que no va a haber por parte de las CC.AA la puesta en marcha de ninguna iniciativa que para los laboratorios son, en general, más agresivas que las bajadas de precios.