Jueces e inspectores piden que el fraude del trabajador no suponga penas de cárcel
Jueces e Inspectores de Trabajo miembros de asociaciones progresistas muestran su preocupación por la reforma del Código Penal que castiga con penas de cárcel el fraude a la Seguridad Social de los trabajadores
Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo piden que se derogue la norma incluida en el Código Penal. La falta de concreción en la redacción del texto convierte en delito -y no sanción- el fraude del trabajador a partir de un euro.
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No se puede convertir al trabajador en delincuente. Esta es la conclusión de jueces e inspectores de trabajo de asociaciones progresistas tras reunirse en unas jornadas organizadas para analizar las consecuencias sobre el trabajador de los cambios del Código Penal en materia Tributaria y Seguridad Social. El último de los cambios en la lucha contra el fraude -ley 13/2012, artículo 307 per- vuelve a poner la lupa -y a cargar las tintas- sobre el empleado que defrauda de manera desproporcionada debido a su falta de concreción. Norma muy importante, explican desde las asociaciones, porque "han introducido novedades que los ciudadanos deben conocer" asegura Julián Lobete, presidente de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo.
La más notable es la que castiga con penas de cárcel al trabajador. Se trata de la modificación del código de la Seguridad Social que introduce un delito de los trabajadores que no estaba en el Código Penal. Este nuevo artículo (307 per) establece penas de 6 meses a tres años de cárcel para los trabajadores que cobren el seguro de desempleo y tengan otros ingresos. Por ejemplo, el trabajador que esté cobrando el seguro de desempleo y lo compatibilice con un trabajo por cuenta propia o ajena, de acuerdo con el nuevo artículo, está cometiendo un delito.
"La gravedad no es solo que sea delito, es que además es un delito absolutamente indeterminado porque no fija una cuantía mínima ni máxima", explica Lobete. Es decir, si el delito fiscal comienza a partir de los 120.000 euros; el delito a la empresa a la Seguridad Social empieza a partir de los 50.000 euros; el trabajador entraría en la comisión de este delito a partir de un euro o pocos euros. Según este inspector "una barbaridad desde el punto de vista jurídico y social que genera mucha inseguridad". Con estos motivos, desde la Unión Progresista de inspectores de Trabajo condenan el fraude a la Seguridad Social por el daño que supone a la comunidad pero consideran exagerado que sea un delito en cuanto a sus posibles repercusiones para el trabajador.
La norma ha entrado en vigor, aunque de momento no hay casos de trabajadores afectados ya que la instrucción sobre cómo llevarlo a cabo no ha llegado al ministerio de Empleo. Desde Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de inspectores piden que se derogue antes de ponerla en práctica.
