La jueza confirma el embargo de la indemnización por despido del exconsejero
La magistrada adoptó esta decisión para hacer frente a su fianza de responsabilidad civil de 807 millones de euros
La juez que investiga los ERE falsos ha confirmado su decisión de embargar la indemnización por despido que recibió el exconsejero de empleo Antonio Fernández para hacer frente a su fianza de responsabilidad civil de 807 millones de euros. Mercedes Alaya recuerda que es inembargable el salario, pensión, retribución o su equivalente pero esa previsión legal no afecta a las indemnizaciones por despido.
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La magistrada, igualmente, recuerda que, según el Estatuto de los Trabajadores, "no tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones por despido, sin perjuicio del carácter preferente que este crédito tiene frente al empleado".
Por todo ello, la juez rechaza el recurso presentado por el exconsejero de Empleo alegando que la indemnización referida "no tiene la consideración de salario", añadiendo que de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil son embargables "las rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo".
Por estos motivos, razona la juez Alaya, "se entiende plenamente ajustado el decreto recurrido, manteniendo el mismo y su integridad".
La juez confirma así la resolución de marzo en la que el Juzgado recordó que, por medio de otro decreto dictado el 28 de junio de 2012, se acordó el embargo de "determinados" bienes del imputado, tras lo que la compañía de seguros Generali comunicó al órgano judicial que el exconsejero de Empleo, "en su condición de asegurado del contrato de seguros colectivo de vida, modalidad rentas, suscrito como tomador por la mercantil González Byass", le había remitido un escrito "solicitando la devolución de la aportación que por despido le corresponde".
Hay que recordar que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la fianza de responsabilidad civil de 807.403.232 euros que la juez Alaya impuso al exconsejero al entender que existen "severos indicios de criminalidad" contra el imputado, a quien la magistrada atribuye cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
