Los drones civiles antincendios volarán en espacios aéreos limitados

El gobierno ultima la normativa para el uso civil de los aviones no tripulados y los clasificará en cuatro categorías según la proporción de la nave, desde menos de 5 kilos hasta más de 150, y la función que realicen. Vigilar cultivos, controlar fronteras, fotografiar manifestaciones para los medios de comunicación o prevenir incendios serán algunas de las muchas utilidades de estos aparatos.

La principal preocupación del ejecutivo es que las naves de pequeño tamaño caigan sobre una zona poblada o choquen con otro aparato. Por ello justifican la segregación del espacio aéreo, "no hay un 'standard' de capacidad de la propia aeronave para evitar los choques y esto es fundamental para que puedan convivir con otros aviones en el mismo espacio aéreo. Este es el santo grial que perseguimos y creemos que se alcanzará", aseguran las fuentes consultadas por la SER en el ministerio de Fomento.

Algunas empresas del sector no están de acuerdo porque limita sus capacidades y ponen como ejemplo la vigilancia o prevención de un incendio que exija grandes distancias. En una reciente reunión entre la Agencia Estatal del Seguridad Aérea (AESA) y las compañías que ofrecen estos servicios se discutió el borrador que prepara el gobierno y se acordó establecer un grupo de trabajo para intercambiar propuestas.

Este departamento prevé que los aviones más utilizados sean los de pequeño tamaño (menores de 25 kilos) y para manejarlos se exigirá un curso de navegación aérea. No llevarán matrícula, pero sí una chapa que identifique a la compañía propietaria. Por encima de 25 kilos, las aeronaves se atendrán a las leyes de navegación aérea en vigor y será necesaria la licencia de piloto profesional. Las empresas estarán obligadas al mantenimiento de sus aparatos.

Ahorro de costes respecto al uso de aeronaves tripuladas y disminución de riesgos son algunas de las ventajas que se señalan desde el ministerio para impulsar cuanto antes esta normativa que puede estar lista a principios de 2014.

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Ya existen en España empresas que ofrecen servicios de vigilancia de cultivos o de líneas eléctricas pero, según AESA, están en una situación alegal porque no disponen de una certificación oficial. "Nos preocupa la proliferación de empresas sin licencia oficial y por ello pondremos en marcha un registro oficial de compañías una vez que esté aprobada la ley", afirman en ese organismo. Las certificaciones oficiales las expide AESA y, por el momento, sólo ha concedido permisos experimentales de pruebas de vuelo a algunas empresas.