Jueves, 30 de Junio de 2022

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La izquierda propone que el Congreso fiscalice las declaraciones de bienes de sus señorías

PSOE y la Izquierda Plural van a presentar iniciativas para comprobar la veracidad de la declaración de bienes que Diputados y Senadores deben presentar obligatoriamente en cada una de las Cámaras

El Congreso no tiene forma de comprobar la veracidad de la declaración de bienes de sus señorías. La izquierda parlamentaria ha decidido movilizarse. A partir de septiembre pondrá en marcha una serie de iniciativas para exigir a los cargos electos que justifiquen con documentos los datos que declaran ante la Comisión del Estatuto del Diputado

Si todavía no lo han hecho, prueben a consultar las declaraciones de bienes de sus señorías en la página web del Congreso. Seguro que hay datos que cuando menos les sorprenden, como el hecho de que una diputada de familia muy acomodada conduzca un Ford Fiesta o que un parlamentario que lleva 32 años en política sólo tenga 11.000 euros en su cuenta. Sorprenderse es de momento lo único que se puede hacer porque el Parlamento no tiene forma de comprobar si esos datos son ciertos y completos. Enrique Álvarez Sostres, portavoz del Grupo Mixto en la Comisión del Estatuto del Diputado, confirma que "no existe una policía del Congreso para verificar la declaración de bienes y actividades de los Diputados".

Los políticos tampoco están obligados a aportar documentos que certifiquen que los datos que hacen públicos son veraces. La declaración de bienes se reduce a un formulario. Pablo Martín, portavoz del PSOE en la Comisión de Reglamento, señala que "no se solicita un certificado del registro de la propiedad, ni un extracto de las cuentas bancarias, ni ningún certificado de la Agencia Tributaria", y creen que los procedimientos actuales deberían modificarse.

Desde el PNV creen que este control deberían ejercerlo los propios partidos políticos y que en el caso de que se presuma un delito de falsedad documental debe ser la justicia la que actúe. Emilio Olabarría asegura que el Congreso "no puede interferir en la posición de la Administración de Justicia", y que hay que "presumir que los políticos actúan de buena fe".

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