Rajoy quiere que la financiación ilegal sea delito

En su comparecencia del 1 de agosto en el Senado para hablar del 'caso Bárcenas', el presidente anunció que en septiembre llegaría una batería de medidas para luchar contra la corrupción. Fuentes del Gobierno aseguran que entre ellas estará la reforma del Código Penal y que la intención es incluir la financiación ilegal como delito.

El presidente del Gobierno mueve ficha. Rajoy necesita un golpe de efecto para recuperar la iniciativa política y fuentes del Gobierno desvelan a la Cadena SER que su intención es ofrecer un pacto al PSOE y al resto de las fuerzas políticas para que la financiación ilegal sea delito.

Rajoy quiere negociar. Pero sabe que es difícil. Más ahora que la situación con la oposición se ha tensado por culpa de su falta de explicaciones sobre el extesorero del PP. Los socialistas quieren una comisión de investigación, reprobarle por no haber dicho la verdad en sede parlamentaria y no descartan la moción de censura. Así que con este panorama puede que el presidente se vea solo. Pero le da igual. Lo sacará adelante de todas formas, con o sin acuerdo, porque desea apuntarse un tanto en transparencia y regeneración democrática.

Durante su etapa en la oposición, en el Partido Popular se elaboraron varios códigos éticos. Sin embargo, todos quedaron en papel mojado. Ahora Rajoy quiere combatir la imagen de que la corrupción está extendida por toda España porque sabe que es muy dañina para nuestros intereses y le persigue en todas sus reuniones internacionales.

El jefe del Ejecutivo ya lo anunció en su comparecencia del pasado día 1 de agosto. Con el 'caso Bárcenas', nadie reparó en que Rajoy señalaba que en septiembre llegaría una reforma del Código Penal para "endurecer las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción, incluyendo nuevas figuras como la financiación ilegal" que ahora solo está castigada con el pago de multas (hay que devolver el doble de la cantidad percibida ilegalmente por el partido y encima se puede pagar a través de las subvenciones públicas).

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Habrá más medidas. En su exposición en el Senado dijo que en septiembre iba a presentar media docena de textos legales. Entre los que se incluyen también una norma para el control de la actividad económica de los partidos, una reforma del Tribunal de Cuentas, otra para los contratos con el sector público, una ley reguladora de las funciones políticas para establecer las retribuciones de los cargos públicos y una reforma de la ley de Enjuiciamiento criminal. Además se revisarán los delitos de cohecho y malversación de dinero público. Con una causa abierta en la Audiencia Nacional, los populares saben que no les afecta dar este paso porque la norma no tiene carácter retroactivo.