El PSOE recurre ante el Constitucional el fin de la ayuda a la compra de viviendas protegidas
Los socialistas utilizan como principal argumento la inseguridad jurídica en la que están inmersos los afectados
El Partido Socialista recurrirá este jueves ante el Tribunal Constitucional la retirada de las ayudas a la compra de viviendas de protección oficial (VPO). Los socialistas utilizan como principal argumento la inseguridad jurídica en la que están inmersos los afectados, ciudadanos que tenían aprobado ese respaldo económico y que por eso se metieron en una hipoteca. El recurso del PSOE contiene 4 artículos en los que se defienden los derechos de los beneficiarios de la ayuda, que ahora se ven propietarios de unas viviendas protegidas, pero sin el respaldo económico que les empujó a adquirirlas.
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Según Leire Iglesias, portavoz de Vivienda del PSOE, en el recurso aluden a 4 artículos de la Constitución contra los que consideran que atenta la eliminación de la ayuda: el derecho a la vivienda, el principio de seguridad jurídica, la privación de bienes y el derecho a presentar enmiendas en la tramitación de una ley.
Esa norma afectará a más de 300.000 personas, según la plataforma nacional creada para luchar contra su retirada. Ciudadanos con bajos ingresos que reciben entre 80 y 300 euros al mes para pagar sus hipotecas de VPO.
La Ley de Fomento del Alquiler aprobada en junio asegura (en su disposición adicional segunda) que no se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.
Esto significa, según los afectados, que cuando les toque renovar la concesión de la ayuda (una cita que tiene lugar cada cinco años), será denegada sistemáticamente, aunque en el contrato se contemple su percepción durante un periodo mayor. Hasta ahora, esa renovación quinquenal se producía únicamente para comprobar que los beneficiarios continuaban cumpliendo los requisitos para recibir la subvención.
Para presentar un recurso contra esta Ley ante el Tribunal Constitucional, los afectados necesitaban el apoyo de 50 diputados o senadores o el respaldo de la Defensora del Pueblo. El plazo para hacerlo acaba hoy y el PSOE presentará el recurso durante esta jornada.
