El Constitucional estudiará la legalidad de la Ley de Fomento del Alquiler
El Tribunal admite a trámite el recurso presentado por el PSOE aunque todavía no se pronuncia sobre si eliminar las ayudas a la compra de viviendas protegidas vulnera la Constitución
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el grupo parlamentario socialista contra la Ley de Formanto del Alquiler de Viviendas, y da quince días al Senado, al Congreso y al Gobierno para que se personen y presenten alegaciones. El PSOE presentó el recurso el pasado mes de septiembre por considerar que la ley suprimía los préstamos subsidiados, ayudas o subvenciones para la compra de viviendas, ya concedidos en planes anteriores.
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El Tribunal Constitucional estudiará si la Ley 4/2013 de Fomento del Alquiler es compatible con la constitución. El pleno del tribunal de garantías ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE contra esta ley el pasado mes de septiembre, aunque lo hace sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si esta Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas vulnera los derechos constitucionales de los españoles al eliminar las ayudas a la compra de viviendas de protección oficial.
En su auto de admisión a trámite, el Tribunal Constitucional también da quince días al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que se personen y formulen alegaciones. El recurso fue presentado por el grupo parlamentario socialista a principios del pasado mes de septiembre, como adelantó la Cadena SER: alega el PSOE que esta ley vulneraba la Constitución porque en su disposición adicional segunda se suprimen los préstamos subsidiarios ya concedidos en anteriores planes de vivienda, y por tanto esta suprimiría ayudas o subvenciones a la compra de la vivienda protegida.
Afectará a más de 300.000 personas
Esto, según los denunciantes, supone que incluso las personas que ya tienen concedidas estas ayudas y cumplen los requisitos para renovarlas no podrán hacerlo. Esa norma afectará a más de 300.000 personas, según la plataforma nacional creada para luchar contra su retirada. Ciudadanos con bajos ingresos que reciben entre 80 y 300 euros al mes para pagar sus hipotecas de VPO. Ahora será el Tribunal Constitucional quien decida si esta Ley es compatible con la Carta Magna.
