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La lucha contra el fraude fiscal y laboral permite obtener 22.500 millones

Las medidas adoptadas por el Gobierno destapan medio millón de receptores indebidos de prestaciones por desempleo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este viernes. /

El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha presidido en el complejo de La Moncloa una reunión del Consejo de Ministros en la que han estado presentes todos los miembros de su Gabinete a excepción del titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que se encuentra de viaje por Washington.

En dicha reunión, el Ejecutivo ha abordado el proyecto de ley de reforma de la ley de Consumidores y Usuarios para modificar, fundamentalmente, todo aquello que se relaciona con la compra electrónica y telefónica. El Gobierno ya estudió el pasado mes de abril el anteproyecto de la ley que, entre otras cuestiones, recogía que las líneas telefónicas '902' tengan una tarificación básica.

Ahora, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha explicado en qué consistirá la nueva ley de Consumidores y Usuarios centradá en "la defensa de los consumidores como una de las prioridades del ministerio".

Con la intención de "evitar las situaciones de desprotección" de los consumidores, pero también buscando beneficiar a los empresarios, la ministra cree que la ley no ha hecho más que responder a las necesidades y crecimiento constante de unos sectores como son los de la telefonía, las telecomunicaciones y las energías.

"Hoy en día gran parte de los servicios más demandado son contratados a distancia" y según ha expresado Ana Mato, más de 400 mil reclamaciones del total presentado en el 2012, corresponden a estos sectores.

Con este contexto, la ministra entiende que "era urgente desarrollar un marco normativo claro para proteger a los consumidores" y así se han centrado en puntos claves como ampliar la información que se tendrá que dar a los consumidores cuando se hagan contratos a distancia, o en palabras de Mato, "eliminar la letra pequeña".

Además se regulará el derecho a "renunciar o desistir" en estos contratos con un plazo mínimo de 14 días. En caso que el consumidor o usuario no fuera debidamente informado, dicho plazo se ampliaría. Aparecen nuevos derechos para los consumidores como por ejemplo los relacionados con la entrega de bienes adquiridos.

El objetivo de la reforma de esta Ley es el de reforzar la seguridad jurídica de consumidores y empresarios, elevar la protección de consumidores y empresas y ampliar la información para los consumidores, sobre todo en los contratos a distancia o fuera de los establecimientos.

Regulando también la contratación telefónica de servicios. Cuando la empresa se ponga en contacto por teléfono, tendrá que presentarse la oferta también por escrito. No será vinculante sin la firma en un soporte del consumidor.

Asimismo, Soraya Sáenz de Santamaría ha presentado los resultados del informe realizado de forma conjunto por el ministerio de Empleo, Hacienda e Interior sobre las actuaciones llevadas a cabo en materia de lucha contra el fraude fiscal y seguridad social.

El Gobierno presentó un conjunto de instrumentos legislativos de prevención y corrección para luchar contra el fraude, unas modificaciones que según ha explicado la vicepresidenta han permitido que los resultados de lucha contra el fraude se incrementaran en un 10% en el actual año fiscal con respecto al año anterior. Además, las medidas han ayudado a reforzar la colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para los que Soraya Sáenz de Santamaría ha querido tener una mención especial.

El Gobierno, en el último año y medio, ha desplegado "un ambicioso programa de lucha contra fraude", tal y como lo ha definido Santamaría, "quizá el más ambicioso" que ha supuesto un impacto económico en los presupuestos 22.500 millones de euros, unos ingresos de 16.000 millones y 6.152 millones de ahorro.

Pero el énfasis, a la hora de presentar los resultados, lo ha puesto en las 3.000 personas que se han podido detener e imputar gracias a las medidas de lucha contra el fraude, sin olvidar el más de medio millón de receptores indebidos de prestaciones por desempleo que se han descubierto, lo que ha permito ahorrar millones a las cuentas públicas.

Sáenz de Santamaría, sobre el sistema educativo: "No es razonable mantener lo que no funciona"

Preguntada por el anuncio de algunas comunidades como Andalucía y Cataluña que llevarán ante el Tribunal Constitucional la ley de educación del ministro Wert, Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "no tenemos buenos resultados en educación".

Según ha explicado, el actual sistema de educación "tiene muchos problemas y no es razonable mantener lo que no funciona", por lo que pide a las comunidades autónomas que "como hace el Gobierno, se respete el reparto competencial" que designa la Constitución.

La vicepresidenta ha dicho que el Gobierno respeta las leyes de las comunidades autónomas por lo que pide que ese respeto sea recíproco, sobre todo cuando el sistema de educación está recibiendo diversas críticas incluso de organismos internacionales.

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