La farmacéutica admite que la talidomida no estaba indicada para las embarazadas

El juicio de las víctimas de la talidomida contra la farmacéutica Grünenthal se celebra este lunes en un juzgado de Madrid. Los afectados por este fármaco piden una indemnización de 204 millones de euros. Por su parte, el representante de la farmacéutica ha reconocido que no se excluía a las embarazadas en el prospecto porque en aquella época "no había concienciación" para este tipo de indicaciones.

El juicio se celebra en un juzgado de primera instancia de Madrid, tras la demanda que interpuso hace un año y medio la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) contra el laboratorio alemán para que indemnice con 204.504.000 euros a 180 afectados.

El representante legal de la farmacéutica Grünenthal, fabricante de la talidomida, ha declarado este lunes que este fármaco "no estaba indicado para las embarazadas" pero ha reconocido que entonces, en el prospecto, no se las excluía porque en aquella época "no había concienciación" para este tipo de indicaciones.

Durante el juicio, el representante ha insistido en que este fármaco se retiró en diciembre de 1961 ante las sospechas de que podría tener efectos secundarios y ha negado, a preguntas de los abogados de los demandantes, que se vendiera más allá de esa fecha. De hecho, ha especificado que se retiraron 91 kilos de este fármaco.

A preguntas acerca de cuando conoció la farmacéutica que podría haber daños en los vasos sanguíneos y en los músculos, ha señalado que en noviembre de 1961 un doctor alertó de ello ya que se vio "una relación causal" de la talidomida con posibles efectos.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

La talidomida era un sedante que comenzó a venderse a partir de 1957 y se administraba como complemento inocuo para las náuseas de las mujeres embarazadas, pero causó graves malformaciones en los fetos, principalmente focomelias, ausencia de extremidades y otras agenesias. El fármaco fue retirado del mercado en 1961 en Alemania, donde se originó el problema, pero, según consta en la demanda de AVITE, en España "siguió administrándose varios años más" a pesar de su prohibición mundial.

Según la demanda, el principio activo se vendió en más de 50 países de todo el mundo, con más de 80 nombres comerciales, y en España se distribuyó desde el año 1957 hasta 1965.

En Alemania, las víctimas han conseguido acuerdos indemnizatorios con la farmacéutica, unos pagos que han sido canalizados a través de una fundación -'Contergán'-, pero en España no se han alcanzado a pesar de que ambas partes han mantenido tres reuniones y un acto de conciliación en los juzgados de Madrid. La farmacéutica ofreció 120.000 euros anuales para todos los afectados, pero éstos lo rechazaron. Las víctimas españolas piden, según señala su letrado, Ignacio Martínez, "que se les ponga a la altura de los alemanes, que desde el año 71 están cobrando una pensión vitalicia".