Más de un millar de ONG, movimientos sociales y asociaciones de la sociedad civil agrupadas bajo la Alianza contra la Pobreza, la Cumbre Social y la Plataforma del Tercer Sector se concentrarán este jueves en casi 40 ciudades españolas para pedir al Gobierno que ponga fin al fraude fiscal y lleve a cabo políticas orientadas a luchar contra la distribución «injusta» de la riqueza. La marcha, que tiene como lema «Contra la riqueza que empobrece, actúa», se celebrará coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Pobreza. En Madrid se llevará a cabo a partir de las 19:00 horas en la Puerta de Alcalá hasta llegar a la fuente de Neptuno, en las inmediaciones del Congreso. Las organizaciones que convocan las concentraciones han acudido al Congreso de los diputados este miércoles para entregar al Gobierno un «Decálogo para la lucha eficaz contra las causas de la pobreza», en el que piden, entre otras cosas, la reversión de la Reforma Laboral, la implementación «urgente» del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, la reconsideración de la deuda pública española «para determinar su legitimidad». Además, el documento reclama políticas y presupuestos «para fomentar empleo decente» y el desarrollo de los Derechos Humanos, que se elaboren en torno a los objetivos de la lucha contra la pobreza y garantizar «unos servicios sociales básicos de calidad». La responsable de la Coordinadora de ONGD de España, Mercedes Ruiz-Giménez, ha explicado que, durante la concentración, se realizarán representaciones para «mostrar» al Gobierno «dónde está el dinero para luchar contra la pobreza en España» que, según ha recordado «más de 12 millones de personas viven en situación de pobreza y exclusión en España». Además, ha recordado también que «el Estado pierde 90.000 millones de euros al año por el fraude fiscal, por parte de grandes empresas y fortunas, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. »Sí hay dinero, pero lo hay si se recauda de los paraísos fiscales, del fraude y de las transacciones financieras, ha insistido Ruiz-Giménez. Por ello, ha criticado que el Gobierno «recorte derechos bajo la excusa de que no hay dinero» y ha denunciado su «falta de voluntad» para plantear «alternativas que supondrían una recaudación para el Estado». A su juicio, «las reformas que se están llevando a cabo responden en realidad a un cambio de modelo en el que priman los intereses privados y de los mercados sobre los derechos de las personas». En esta línea, el vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, ha recordado que el Estado «no debe ayudar a las entidades sociales sino que deben ser las entidades quienes ayuden al Estado». « La responsabilidad de mejorar la situación de los ciudadanos es de las Administraciones Públicas. Las organizaciones, desde su solidaridad han de reivindicar esa justicia social», ha asegurado. Por esta razón, ha insistido en que, además de luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal, es necesario tomar medidas que impulsen el crecimiento y el desarrollo sostenible. «Para luchar contra la pobreza no basta con querer ni con garantizar que los pobres no mueran, hay que hacer que vivan, que tengan una garantía de rentas», ha concluido. Por su parte, la representante Cumbre Social, Rosario Sanabria, ha mostrado el apoyo y adhesión de la asociación a las concentraciones que se llevarán a cabo este jueves y ha pedido un «cambio en la política económica española», además de la elaboración de un marco político internacional que ampare la protección social de los ciudadanos y una «renovación de la estrategia 20-20 al respecto».