Wert acepta revisar el calendario de aplicación de la ley pero sin retrasar su entrada en vigor

Es la primera concesión que el ministerio admite en cuanto al calendario de aplicación de la ley, cuya implantación está prevista para los dos próximos cursos 2014-2015 y 2015-2016. Eso sí, el ministro ha dejado claro que se trata de revisar el "escalonamiento" de las medidas previstas pero no de retrasar su entrada en vigor, prevista para el próximo curso

La ley Wert ha iniciado hoy su tramitación en el Senado evidenciando la fractura política y autonómica que suscita el texto. Al rechazo unánime que provoca el contenido del la reforma se suma la preocupación de las comunidades autónomas, incluidas las del PP, ante el poco tiempo de que dispondrán para desarrollar la norma y, sobre todo, financiarla en un momento de crisis y de recorte de presupuestos, impuesto por los nuevos ajustes del Gobierno.

Y quizá consciente de esa inquietud, el ministro Wert ha hecho hoy un anuncio que, si bien no implica ninguna alteración esencial de la hoja de ruta, sí supone el reconocimiento implícito de las dificultades prácticas de aplicar una ley tramitada en tiempo récord y que dispondrá de apenas nueves meses para implantarse en las aulas. En ese sentido, Wert aceptaba hoy una posible "revision del calendario de aplicacion que no afectaría en ningún caso ni a la entrada en vigor de la ley ni al comienzo de su calendario de aplicación pero que podría plantear un escalonamiento algo distinto al previsto en el texto que ha entrado en esta cámara".

"El Gobierno nos obliga a nuevos ajustes y a la vez nos exige financiar una ley que no queremos"

La "flexibilidad" anunciada por Wert en el calendario de implantación va vinculada a la financiación que será necesaria para poner en marcha la ley y que en buena medida recaerá en las comunidades autónomas. El consejero de Educación de Canarias, José Miguel Pérez, ha sido hoy claro al reprochar al Gobierno que "mientras el Gobierno central es el primero en recortar en educación obligando de paso a las comunidades a imponer nuevos ajustes, ahora nos obligará también a financiar esta ley. Aprovechando un momento de crisis, quieren minar la educación pública", ha señalado.

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También la consejera catalana, Irene Rigau, ha considerado inviable la aplicación de la ley desde el punto de vista del calendario y su financiación. "El Gobierno central, responsable del 5% de la inversión educativa, nos quiere imponer al resto la financiación de una ley que no queremos y no ha sido consensuada".

Castilla y León, Aragón y Galicia, gobernadas por el PP, reclaman una "financiación suficiente y realista"

Las críticas, aunque más sutiles, también han llegado desde las propias filas populares. Así, el consejero de Galicia, Jesús Vázquez, (PP) ha pedido "flexibilidad" en el calendario de aplicación de la ley así como una dotación presupuestaria suficiente". Vázquez también ha advertido de que "la ley debe ir acompañada de dotaciones precisas para las comunidades, que son las que deben aplicar la ley modificando sus propias normas. El consejero de Castilla y León, Juan José Mateos, ha señalado que "la nueva ley debe tener una financiación suficiente, finalista y realista con los costes de la reforma. Una financiación que parta de la valoración real del coste de su implantación y que tenga en cuenta las particularidades de cada comunidad autónoma". Mateos ha reclamado un calendario de implantación que tenga su correlato en la financiación. De modo muy parecido se ha expresado la consejera de Aragón, Dolores Serrat, que no ha ocultado que le "preocupa la financiación de una ley cuya aplicación tendrá un elevado coste, así como el calendario de aplicación. "Tendremos que conjugar la urgencia con la seguridad de los procesos para alcanzar el éxito", ha señalado Serrat que se ha mostrado convencida de que, según ha manifestado el ministro, se podrán solventar estas inquietudes.

Los consejeros de Educación han manifestado sus posturas ante la LOMCE durante una sesión extraordinaria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que por primera vez en esta legislatura se ha reunido hoy a petición de la oposición.

Cataluña, Andalucía, Euskadi, Asturias y Canarias, frente autonómico contra la LOMCE

Una cita que los consejeros de Educación de Cataluña, Andalucía, Canarias, Euskadi y Asturias han aprovechado para protagonizar una foto y una comparecencia en común que evidencia su frente autonómico contra una ley que consideran vulnera sus competencias y rompe la igualdad de oportunidades del sistema educativo.

En esta foto en contra de la Lomce, los responsables de Educación de Andalucía, Cataluña y Asturias han recordado que recurrirán al Tribunal Constitucional el proyecto de ley, si queda tal y como está, mientras que los de Canarias y País Vasco han dicho que esperaran al resultado de la tramitación en el Senado para ver la postura que adoptan.

A la foto de los opositores a la ley le ha seguido la de los consejeros populares que, junto a varios senadores del PP, también han comparecido para decir justo lo contrario: que ellos apoyan la ley porque es necesaria para mejorar la calidad de la educación en España y combatir las altas tasas de abandono escolar. Los consejeros populares aseguran que la LOMCE ni recorta competencias ni vulnera modelos lingüísticos y han defendido que "hay que hacer algo" porque tal y como está la educación, el inmovilismo es lo peor.

El Gobierno prevé la implantación de la reforma en dos cursos académicos (tres años naturales), con un coste neto para el Estado en cada ejercicio de 23, 130 y 255 millones de euros, si bien el coste para las comunidades autónomas podría llegar a los 927 millones de euros.

El calendario marca que las modificaciones en Primaria se implanten para primero, tercero y quinto en 2014-2015, y para ese mismo año escolar para primero y tercero de la ESO; para el resto de cursos, en 2015-16. También en 2014-15 se harán los cambios para primero de bachiller.