El PP propone que la Religión también sea de oferta obligatoria en Bachillerato

La ley Wert podría acabar incorporando todas y cada una de las peticiones de los obispos españoles si prospera la intención del grupo popular en el Senado de incorporar una enmienda para que la ley recoja expresamente que la Religión también será de oferta obligatoria en Bachillerato. El portavoz de Educación del PP en la Cámara Alta, Luis Peral, ha trasladado ese planteamiento al ministerio para corregir lo que considera un "error técnico" y así cumplir con lo establecido en los Acuerdos con el Vaticano

En la redacción actual de la LOMCE la Religión aparece como una asignatura optativa en Bachillerato entre una docena de materias de las cuales el alumno tendrá que cursar obligatoriamente un mínimo de dos y un máximo de tres. Según los obispos, ese esquema no garantiza que todos los centros oferten obligatoriamente la asignatura tal y como establecen los Acuerdos con el Vaticano, suscritos por España en 1979, y por ello han pedido reiteradamente al Gobierno que modifique ese aspecto en la nueva ley educativa.

La demanda de los obispos es compartida por el portavoz de Educación del PP en el Senado, Luis Peral, que ha admitido a la SER haber trasladado al ministerio una propuesta para clarificar ese punto. "Yo creo que esto es un error técnico que lo razonable sería subsanar porque los acuerdos internacionales deben cumplirse". Además, Peral considera que la materia de Religión debería tener también una alternativa en Bachillerato. "Lógicamente debería llevar consigo una alternativa laica, entre comillas laica, para aquellos alumnos que no cursen Religión. Sería darle el mismo tratamiento que se le otorga a la asignatura en Primaria y en la ESO".

El portavoz de Educación, Luis Peral, aguarda ahora la respuesta del ministerio de José Ignacio Wert para plasmar esa propuesta en una enmienda formal a la LOMCE cuyo plazo de presentación de enmiendas en el Senado finaliza este jueves 31 de octubre.

A la espera de que se concreten esas enmiendas, Peral descarta que se vayan a producir novedades "sustanciales" en los aspectos esenciales de la ley y que han suscitado más controversia, como las reválidas, el reparto competencial o la cuestión lingüística.

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La LOMCE se somete a "exámen autonómico" en el Senado

Precisamente mañana el Senado celebrará una sesión extraordinaria de la Comisión General de Comunidades Autónomas que se reunirá por primera vez, a petición de la oposición, para evaluar el impacto y los contenidos autonómicos de la LOMCE. Está previsto que comparezca tanto el ministro Wert como la mayor parte de los consejeros autonómicos de Educación, de los cuales ya han confirmado su presencia los de de Madrid, Lucía Fígar; Cataluña, Irene Rigau; Murcia, Pedro Antonio Sánchez; País Vasco, Cristina Uriarte; Andalucía, Luciano Alonso; Aragón, Dolores Serrat; Castilla y León, Juan José Mateos; Navarra, José Iribas; Baleares, Joana María Camps, y Canarias, José Miguel Pérez.

Es de esperar que, tal y como ocurrió durante el trámite previo a la entrada en Cortes, varias comunidades muestren su oposición a lo que consideran una vulneración de las competencias autónomicas y de modelos de inmersión lingüística, en varios aspectos de la ley, como la definición de los contenidos comunes para todo el territorio nacional de las materias troncales (Lengua, Matemáticas, Geografía, Historia, etc) cuya competencia se reserva el Estado. "Antes había competencias compartidas, ahora son competencias repartidas", señala el senador del Grupo Catalán, Josep Lluis Cleries. "En Cataluña eso significa que la cuarta fuerza política en nuestro parlamento pasará a ser quien diseñe la forma de funcionar, la educación en Cataluña. Nos parece que eso vulnera absolutamente el papel y la soberanía que tiene cada comunidad en lo que son sus competencias".

Sobre la mesa se pondrán también aspectos de financiación y plazos para aplicar y desarrollar la ley. Y es que, al margen del contenido, los plazos para poner en marcha la lreforma educativa (apenas nueve meses después de su aprobación) y el modo de financiarla en un nuevo marco de ajuste del déficit, preocupan y mucho a las comunidades autónomas, incluidas las del PP.