La Fiscalía da carpetazo a la investigación de Arturo Fernández tras pactar el pago de la multa

Trabajadores que declararon como testigos en la Fiscalía lamentan que el ministerio público no haya investigado un posible delito a los trabajadores al haberles obligado la empresa a cobrar en negro parte de sus salarios. CC.OO se ofreció a colaborar sin recibir respuesta.

La Fiscalía de Delitos de Económicos de Madrid ha dado carpetazo el pasado mes de septiembre a las diligencias abiertas en febrero de 2013 por los pagos en negro que el vicepresidente de la CEOE hacia a sus trabajadores, según desvelo la Cadena SER con documentos de contabilidad de sus empresas y denuncias de sus trabajadores. La Fiscalía tomó declaración a numerosos empleados que reconocieron estos pagos en efectivo al margen de sus nóminas. En uno de los casos, según explica un trabajador que prefiere no dar su nombre, el fiscal le enseñó un ejemplo de los sobres utilizados por la empresa de Arturo Fernández para que ratificara si eran como los que había recibido. "Les dije que si, expliqué cómo me los daban y cuánto cobraba en negro y lo denuncié en su día" explica C.A. que lamenta haberse expuesto en su día a denunciarlo públicamente sin que haya llevado a cabo "una investigación fiscal en profundidad".

Desde el sindicato de CC.OO -en representación de los trabajadores de Fernández- aportaron nóminas, sobres y testimonios de trabajadores que preferían no ir a título personal al ministerio público. Paloma Vega, su portavoz, explica "Ha sido frustrante el silencio de la Fiscalía, les llevamos documentación, nos ofrecimos a colaborar y no hemos recibido ninguna respuesta. Esperábamos que al menos investigaran si se ha cometido algún delito contra los derechos de los trabajadores, como parecía que apuntaban los documentos que entregamos".

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el ministerio de Economía, según su portavoz, el resultado de la Inspección de Trabajo a las empresas del Grupo Cantoblanco y el posible acuerdo entre las partes es de carácter privado, a pesar de los cargos públicos que ostenta Arturo Fernández y a pesar de que las posibles irregularidades se habrían cometido en contratos públicos, en las numerosas concesiones que el representante empresarial tiene en instituciones de la Administración.