Prohibidas las donaciones de empresas a los partidos y la condonación de su deuda
Esas son las dos principales novedades de uno de los dos anteproyectos aprobados este viernes por el Consejo de Ministros
Este viernes, se ha aprobado en Consejo de Ministros el plan de regeneración democrática que el presidente Rajoy anunció en febrero y que, desde entonces, ha desempolvado una y otra vez. Es un paquete de medidas para intentar combatir la corrupción. En concreto, ha dado el visto bueno al anteproyecto la ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos y el de la ley reguladora del ejercicio de alto cargo en la Administración del Estado.
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El proyecto prohibirá a los partidos políticos recibir donaciones de empresas privadas (hasta ahora se permitía un límite de 100.000 euros anuales) y también prohibirá que los bancos no les perdonen las deudas contraídas. Además, todas las donaciones prohibidas tendrán que devolverse y los partidos deberán presentar sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas. Quienes no lo hagan, tendrán prohibido recibir donaciones. Además, deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias que regulará la figura de un responsable de las cuentas del partido.
Por otro lado, el Gobierno ha aprobado también el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, que contará con una dotación estimada superior a 135.000 millones de euros, 93 millones al día, con el objetivo de atender a los colectivos más vulnerables y combatir la pobreza, especialmente la infantil. "Los menores deben ser objeto de especial protección, no podemos permitir que se vean afectados por los problemas económicos de sus familias", ha explicado la ministra Ana Mato.
También se ha aprobado un decreto ley sobre medidas en el sector ferroviario. Se creará una nueva entidad llamada Adif-Alta Velocidad. Adif se dedicará al resto de la ley ferroviaria. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha aclarado que Renfe recibirá del Estado un importe total de 1.506 millones de euros entre 2013 y 2015 para costear los transportes ferroviarios que la operadora tiene obligación de prestar por estar considerados de servicio público, para garantizar determinadas conexiones no rentables. "De esta forma, se garantiza un servicio de alto componente social, se asegura la calidad de este transporte y la movilidad de los ciudadanos", subrayó la ministra.
