IU presenta un plan contra la corrupción

Según el texto, ante la gravedad de los recientes casos de corrupción y con las actuales leyes "débiles e insuficientes" es "imprescindible acometer las reformas legales necesarias" con el objetivo de luchar con mayor eficacia contra la corrupción.

Izquierda Unida ha presentado en el Congreso un 'Plan Integral de lucha contra la corrupción' para "establecer criterios generales y medidas de prevención y lucha". Cayo Lara, coordinador general de IU, cree que "PSOE y PP son los grandes responsables de la corrupción" porque, según él, no han legislado para pararla. Para Lara la corrupción es el "cáncer" de la democracia, provoca "desafección" ciudadana hacia la política y los políticos, deteriora el servicio de lo público y da pie a la "famosa frase del todos son iguales que conduce al populismo".

El texto presentado pide el endurecimiento de las penas para los corruptos especialmente para los delitos en materia urbanística, malversación, apropiación indebida de caudales públicos o prevaricación con fines de lucro. Añade que los condenados por alguno de estos delitos no puedan ocupar ningún cargo público durante 30 años. Quieren que se agraven las penas cuando el delito se cometa a través de paraísos fiscales.

Pretende incrementar las medidas de prevención, luchar contra el fraude fiscal y controlar más los procesos de contratación de las Administraciones Públicas. La proposición incluye la regulación de los salarios de los cargos públicos con criterios de "transparencia y austeridad". Además de medidas para facilitar la investigación, el control y la fiscalización de las cuentas públicas.

Otro punto que incluye es la reforma de la ley de Régimen Electoral para " garantizar la representación de los electores en condiciones de proporcionalidad" y limitar "drásticamente" los gastos de los partidos en las campañas electorales. Pretende prohibir las donaciones a los partidos, fundaciones y asociaciones ligadas a éstos. El texto explica que todas las aportaciones deben ser "públicas y de libre acceso a cualquier ciudadano". El documento añade la obligación "por ley" de que los diputados tránsfugas devuelvan sus escaños.