Mato firmó en la ONU proteger el derecho a decidir sobre la salud sexual y reproductiva

El gobierno de Rajoy defiende la actual ley de plazos de Zapatero como una de las medidas concretas de mejora para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Lo hizo en el último informe enviado en septiembre a la ONU en el que comunicó que la norma había sido recurrida ante el Constitucional y que no se había dictado todavía sentencia.

En el mes de marzo de 2013, la ministra Mato viajó a Nueva York para asistir a la 57 sesión de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas. Allí se comprometió con la siguiente conclusión convenida y aprobada en esta cumbre: "promover y proteger el derecho de la mujer a tener control y a decidir con libertad y responsabilidad sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad, entre ellas la salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia; y aprobar y acelerar la aplicación de leyes, poíticas y programas que protejan y permitan el disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en especial sus derechos reproductivos" aludiendo a los programas aprobados en las Conferencias de El Cairo y de Beijing. La restrictiva reforma de la ley del aborto cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros contraviene claramente esta resolución asumida por España.

En el mes de septiembre el Gobierno envía al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer un informe sobre las medidas para fomentar la Igualdad de España. En ese informe se cita y se defiende la actual ley de plazos que va a derogar como una norma que mejora el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Esa fue la respuesta que dio el Gobierno al requerimiento de la Relatora Especial del CEDAW que pidió más información sobre el asunto y sobre las medidas concretas para implementar la estrategia nacional sobre la salud sexual y reproductiva. Asimismo, el Ejecutivo le informa a Naciones Unidas que la ley de plazos "ha sido, a su vez, objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional por cuestionarse su conformidad con la Constitución, sin que a fecha de cerrar este informe se haya dictado sentencia". En este apartado no se comunica ni quien recurre la norma ni quien cuestiona su constitucionalidad. En el informe se alude de pasada y brevemente a la posible modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo pero en ningún momento el Gobierno informa a la ONU del regresivo alcance de los cambios que supondrán un enorme retroceso para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres españolas mas allá del año 85 cuando España aprobó su primera ley de despenalización del aborto.

El año pasado, el Gobierno envió este mismo informe al CEDAW presumiendo de que la ley del aborto en España "garantiza la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer, en particular su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física, a la moral, a la intimidad, libertad ideológica y a la no discriminación".