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La Audiencia da la razón al Gobierno en su pleito con los fabricantes de bombas de racimo

La empresa Instalaza, de la que el ministro de Defensa Pedro Morenés fue consejero, reclamaba al gobierno 60 millones de euros en concepto de perjuicio económico por la aprobación de la moratoria sobre este tipo de armamento

Restos de una submunición de doble propósito lanzada por una munición en racimo MAT-120 encontrada en Misrata (Libia). /

La Audiencia Nacional deniega las pretensiones de los fabricantes alegando que la prohibición de fabricación de bombas de racimo se basó en "el interés público superior de la protección de la vida humana y el Derecho Internacional Humanitario".

En diciembre de 2008 un total de 107 países, entre ellos España, ratificó el tratado internacional de Oslo que prohibía el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento de bombas de racimo.

No obstante, cinco meses antes, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya había aprobado una moratoria unilateral que afectaba al uso, producción y ventas de este tipo de armamento.

La prohibición afectó profundamente al negocio de Instalaza, compañía aragonesa que en aquel momento era el único fabricante español de esta clase de artefactos con sus granadas de mortero MAT-120.

La empresa reclamó al Gobierno por la vía administrativa una compensación por el lucro cesante, pero el ejecutivo denegó su petición. En septiembre de 2011 la empresa acudió a los tribunales planteando un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en concepto de daño emergente y lucro cesante cifrando en 59.906.000 los perjuicios derivados para la Sociedad de la decisión del Ejecutivo.

No obstante, la Audiencia Nacional ha considerado que "la reclamación indemnizatoria planteada ha de considerarse desprovista de fundamento" añadiendo que "la moratoria no tiene por objeto una privación de derechos específica a la reclamante, sino una modificación de un régimen existente por otro más acorde con el interés público superior de protección de la vida humana y con el Derecho Internacional Humanitario" Un modificación que a juicio de la Sala "era previsible "

Morenés: de demandante a demando

Se da la circunstancia de que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue consejero de Instalaza desde agosto de 2005 hasta mayo de 2009. Un cargo que compatibilizó con el de representante de la sociedad que desempeñó hasta septiembre de 2011.Fue precisamente mientras ocupaba el cargo de representante cuando la empresa decidió reclamar al Gobierno una compensación económica por la prohibición.

Bombas españolas en Libia

Aunque la moratoria unilateral española sobre las bombas de racimo fue aprobada en julio de 2008, en 2007 el gobierno había concedido licencias de venta de este tipo de artefactos a Libia. Una exportación se materializó en los primeros meses de 2008 (antes de la entrada en vigor de la moratoria cuando España vendió al Ejército libio 3.823.500 euros, en concepto de "bombas, torpedos, cohetes y misiles".

Años después, en Abril de 2011 The New York Times daba cuenta del uso de esta munición fabricada por Instalaza por parte del régimen de Gadafi en su asedio contra la ciudad de Misrata.

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